26 de noviembre de 2024
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CiU quiere cambiar la ley de IRPF para no discriminar a los pensionistas de viudedad que trabajan

CiU quiere cambiar la ley de IRPF para no discriminar a los pensionistas de viudedad que trabajan

CiU defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley en la que pide al Gobierno que cambie la ley del IRPF para evitar que se discrimine a las personas que cobran la pensión de viudedad y trabajan.

   Concretamente, la formación catalana quiere que las personas que compatibilizan estos dos ingresos estén exentas de la obligación de declarar si no sobrepasan el límite legal establecido (22.000 euros brutos anuales, actualmente) y evitar, en el caso de que exista la obligación de declarar, que ambos ingresos se acumulen en la escala de gravamen.

   El portavoz de Asuntos Sociales y Trabajo de CiU, Carles Campuzano, denunció en un comunicado que, en el caso de las personas viudas que deben seguir trabajando, la regulación del IRPF produce "efectos contradictorios" respecto a la propia protección que pretende otorgar la normativa, al actuar negativamente sobre la cuantía de la pensión.

   "Las personas que compatibilizan una pensión de viudedad con el trabajo, tal y como permite la legislación vigente, por encontrarse en edad activa y por ser imposible en la mayoría de casos sobrevivir exclusivamente con esta prestación, quedan sometidas a unos tipos impositivos crecientes por el hecho de acumularles ambos ingresos, reduciendo drásticamente el importe de la pensión", explicó.

   Esta situación, criticó, se agrava cuando hay obligatoriedad de declarar. Así, mientras que una persona que obtenga rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 euros no tiene que declarar, otra que además de esas rentas del trabajo cobra una pensión de viudedad está obligada a hacerlo aunque no sobrepase esos 22.000 euros. La ley lo establece así cuando hay más de un pagador.

   En este sentido, Campuzado denunció que la regulación del IRPF no tiene en cuenta que el pagador es el propio Estado y que la prestación que le otorga por cumplir los requisitos está destinada a compensar su pérdida de capacidad económica por unas circunstancias que en absoluto dependen de su voluntad.

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