Cheque guardería y ayudas a los mayores y al empleo femenino, en el eje de la política social del PP

La estrategia que el PP ha diseñado para las próximas elecciones se basa en dos líneas de actuación bien diferenciadas. Una primera fase se dedicará al acoso y derribo de toda la ofensiva social que ha puesto en marcha el Gobierno y buscará demostrar que las promesas y ofertas de Zapatero en este apartado o no se han cumplido o sólo se han puesto en marcha a medias. Esta contraofensiva inicial se prolongará hasta el 15 de octubre, fecha en la que será presentado el programa electoral, y será coordinada por el área social del PP.

A partir de esa fecha, el protagonismo ya lo asumirá Mariano Rajoy, que se centrará de forma prioritaria en lanzar las propuestas concretas del programa. Un programa en el que se ha empezado a trabajar bajo la coordinación de Juan Costa, que aún no está más que perfilado y del que poco o nada está trascendiendo.

Las líneas maestras

Sin embargo, sí parece que en el documento definitivo que servirá de guía para el proceso electoral se incluirán las siguientes propuestas concretas: un plan de choque para incentivar la contratación de mujeres por medio de exenciones fiscales y otras ventajas, pensando especialmente en las madres trabajadoras y en las mujeres que se queden embarazadas y sin trabajo; el reparto de cheques guardería para colaborar de forma efectiva en la ayuda a la familia. Esta medida ya se está aplicando, con notable éxito en Madrid y Valencia. Y, por fin, un plan de salud bucodental que asegure el dentista gratuito para los mayores de 65 años que, al fin y al cabo, son los que más problemas dentales sufren y con menos recursos económicos cuentan. Un proyecto que, por cierto, el PP retomará, mejorado, del programa de 2004 y que se contrapone y completa al que lanzó recientemente, sin presupuesto conocido por el momento, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, dedicado a los niños de 7 a 15 años.

El programa electoral del PP tendrá mucha fuerza en lo social. Además de lo expuesto, ofrecerá una completa batería de medidas para intentar solucionar la inmigración irregular; potenciará un nuevo modelo de sistema educativo y tendrá una sensibilidad muy especial para ciertos colectivos como el de las viudas, a las que se les revisarán las pensiones entre otras cuestiones.

En inmigración, avanzan que todas sus propuestas programáticas estarán inspiradas en las «100 medidas» que presentaron hace tiempo: prohibir por ley las regularizaciones masivas, cambiar los procedimientos administrativos para las expulsiones y devoluciones, mejorar los sistemas de control de fronteras, modificar el padrón y exigir la condición de legal para empadronarse, una política europea común… Crearán una Agencia de Inmigración y Empleo.

Pero hasta que llegue ese esperado 15 de octubre, van a ir a degüello. El área de Política Social y Bienestar que dirige Ana Pastor formará la fuerza de choque para frenar la ofensiva social de Zapatero y sus ministros de Sanidad, Vivienda y Asuntos Sociales. Le aguarda un comienzo de otoño muy caliente. Inmigración, Educación, Dependencia, Pensiones, Familia y Vivienda serán algunas de las cuestiones claves que sacarán a la palestra para denunciar «las mentiras de Zapatero».

Inmigración. Destacarán que, pese a la regularización extraordinaria (577.049 inmigrantes se beneficiaron de la medida), hay ahora mismo en España más irregulares que nunca. Opinan que Caldera sólo viaja a «África de turismo». Recordarán que los centros de acogida se encuentran saturados de jóvenes; que las fronteras españolas son un coladero y no sólo en el Estrecho o Canarias, sino, también, en los aeropuertos y carreteras. Incidirán sobre el hecho de que el paro no deja de crecer entre los extranjeros (unos 160.000 en julio). El problema que se avecina, según el análisis del PP, resulta alarmante. Por un lado, ya casi se ha alcanzado el límite de capacidad de integración de población foránea que el propio Caldera cifró en un 10%. Por otro, la imagen de miles de temporeros -calculan que unos 100.000- desocupados, deambulando por las zonas rurales, notablemente castellanomanchegas, va a convertirse en una constante y un problema social. Acusan al Gobierno de que sistemáticamente «nunca hablan de Inmigración, es una cuestión que para ellos no existe». Desde el otro punto de vista, el de los emigrantes, denunciarán que el Estatuto del Emigrante, que afecta a un millón y medio de españoles viviendo en el extranjero, aprobado en su día con tanta alharaca, no se está aplicando.

Educación. Criticarán el modelo de educación de este país al que califican de «desmadre». Insistirán, además, con la Educación para la Ciudadanía. El mensaje será claro: «Si ganamos, nos la cargamos». Sin embargo, entienden que la batalla por la Ciudadanía está tapando otros muchos déficits y problemas. Singularmente en la Universidad. Meterán, además, el dedo en la la llaga de la baja calidad de la enseñanza y la casi nula exigencia a los escolares y baste como ejemplo el proyecto de decreto de Bachillerato que permitirá pasar a segundo con cuatro suspensos. Recordarán que el número de las becas concedidas sigue bajando; que el fracaso escolar continúa creciendo; que el abandono de las aulas es de los más altos que se recuerdan….

Dependencia. Insisten en que la que fue ley estrella de Caldera sigue sin aplicarse. Los grandes dependientes (unos 200.000), los que iban a ser los primeros en disfrutar de las ayudas, no han recibido ni un euro. Advertirán del uso electoralista de los primeros pagos: «A un mes de las elecciones seguro que empiezan a repartir dinero a mansalva», apuntan. Insistirán en que el Plan de Empleo para Discapacitados no se ha puesto en marcha.

Familia y Mujer Catalogan de demagógicos los 2.500 euros que se sacó de la manga Zapatero para cada niño que nazca en España a partir del pasado 3 de julio. Consideran que la ayuda debe ser para todos los niños menores de tres años. Avisarán de la incertidumbre que sigue existiendo en el empleo femenino en general y más concretamente en situaciones de maternidad. Incidirán en cuestiones como que la Ley de Igualdad no incorpora ni una sola medida para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres; que las mujeres perciben un 30% menos de salario por el mismo trabajo o que hay el doble de paradas que de parados.