CC.OO. ha anunciado que pedirá una serie de compensaciones económicas para los 7.500 funcionarios de la Ciudad de la Justicia, que agrupará a todas las sedes judiciales de la región y que estará ubicada, a partir de 2012, en Valdebebas. La organización sindical considera que la Comunidad de Madrid deberá aumentar el servicio del transporte público, y potenciar el uso de los coches compartidos de empresa.
coordinador de CC.OO. del sector de la Administración Jurídica estatal, Javier Hernández, ha anunciado que el sindicato exigirá a la Consejería de Justicia que los empleados reciban varias ayudas económicas como, por ejemplo, el pago íntegro del abono trasnporte. Asimismo, la organización sindical considera que la Comunidad de Madrid deberá aumentar el servicio del transporte público, y potenciar el uso de los coches compartidos de empresa, así como proporcionar a los trabajadores una flexibilidad horaria en el comienzo de su jornada laboral.
Por otra parte, Hernández ha asegurado que CC.OO. pedirá soluciones para que los empleados puedan adquirir una vivienda cercana a su lugar de trabajo, y la garantía de la construcción en el recinto de comedores públicos y de escuelas con el fin de que los funcionarios puedan compaginar su actividad con la vida familiar. Así, el representante sindical ha afirmado que la Ciudad de la Justicia ha sido una medida que ha nacido sin un consenso laboral y ciudadano, por lo que supone "una demostración palpable" de que la Comunidad de Madrid "no pretende en realidad realizar proyectos sociales, sino de interés para las constructoras."
"Éste es el verdadero trasfondo, porque todo son consecuencias negativas para los trabajadores, pues no es normal que un ciudadano de la zona sur vaya a tardar ahora mucho más en acudir a su trabajo de lo que lo hacía antes", ha indicado Hernández. Por último, el portavoz de CC.OO. en el área de Medio Ambiente, Luis Cuena, ha señalado que la Ciudad de la Justicia se sitúa en un enclave "muy goloso" del nordeste de Madrid. "Está claro que lo que aquí hay es una "operación urbanística en toda regla", ha destacado.
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