El Partido Socialista ya tiene en cartera otra revolucionaria iniciativa social que ofrecer a la opinión pública. Se trata de una nueva prestación de jubilación específica para amas de casa, cuyo objetivo sería compensar a toda esa generación de mujeres que no ha podido reunir los quince años de cotización que la ley exige para recibir una pensión contributiva a la finalización de la vida laboral.
"Hay cientos de miles de mujeres que sólo han cotizado seis o siete años a la Seguridad Social y que no van a tener una pensión propia cuando lleguen a los 65 años como no sea la de viudedad. Ése es un tema que tenemos que ver cómo arreglamos", señaló el miércoles la diputada socialista y portavoz de este grupo en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, en unas jornadas sobre el futuro de las pensiones organizadas por el Centro de Estudios Financieros.
Cuatro millones de mujeres
Según la Confederación Española de Amas de Casa (Ceaccu), la cifra de mujeres que han cumplido los 65 años y que no perciben ningún tipo de pensión del sistema público por haber trabajado siempre en el ámbito del hogar está próxima a los cuatro millones.
En países como Alemania se ha entendido que esta situación es fruto de un desequilibrio social provocado por las barreras que en su día hubo a la entrada de la mujer en el mercado laboral y se ha tratado de compensar ese desfase dando por efectivamente cotizados los periodos de descanso tras el nacimiento de un hijo.
La diputada socialista no especificó si la propuesta del PSOE irá en esa misma línea, pero sí confirmó que se planteará de cara a la futura renegociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que corresponde abordar en 2008.
Otro campo de confrontación
En ese foro se deberán definir las líneas maestras de las reformas futuras del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Y allí socialistas y populares presentarán ideas diferentes.
Al margen de la nueva prestación para amas de casa, el Partido Socialista también es partidario de crear un coeficiente neutro, que sirva tanto para incentivar a los trabajadores que permanezcan en el empleo más allá de las edad legal de jubilación (65 años) como para penalizar a los que decidan dejar de trabajar antes de ese límite.
En la actualidad, la ley penaliza con entre un 6 y un 8 por ciento anual el adelantamiento de la jubilación, de forma que un trabajador que se jubile a los 61 años puede perder hasta un 40 por ciento de la pensión que le correspondería si llegara a los 65. Sin embargo, la prima por trabajar más allá de esa edad es sólo de entre el 2 y el 3 por ciento. Los socialistas consideran que hay que lograr el equilibrio entre ambas, lo que implicaría elevar los incentivos a la jubilación tardía y recortar la penalización a la temprana. Es decir, más gasto.
Para el PP, por el contrario, lo esencial es reducir el gasto. Su portavoz de Seguridad Social en el Congreso, Ignacio Echániz, hizo más hincapié en la necesidad de ampliar el periodo sobre el que se calcula la pensión (actualmente, 15 años) hasta "casi toda la vida laboral" y en tomar las medidas oportunas para retrasar lo máximo posible la jubilación. En este sentido, ya ha propuesto en sus enmiendas a la reforma de la Seguridad Social la conversión en salario de la parte de la cotización que paga el trabajador como estímulo a la permanencia en el empleo.
La otra pata del nuevo sistema público de protección social que propone el PP son las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, como cauce para aumentar la natalidad y esquivar el desequilibrio demográfico que amenaza las pensiones públicas.
Bruno Pérez
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