«¿Quieres lograr un trabajo y ganar hasta 1.500 euros al mes? Llama a este número…». Fuentevaqueros apareció en el mes de marzo lleno de carteles como este, y Adoración Gómez no dudó en animar a su hijo Daniel, desempleado, a que probara suerte. Lo que ella pensó que sería una oportunidad se acabó convirtiendo en una deuda para toda la familia. Y lo que es peor, sin beneficio a la vista.
Tras la primera llamada, les convocaron a una reunión en un salón del Ayuntamiento, lo que les dio cierta confianza. «Mi hijo fue y allí les pidieron el teléfono y la dirección», explica Adoración. Unos días después se presentó un comercial en casa. «La verdad es que no nos explicó nada», apunta la mujer. Siempre hablaron de lograr un empleo con facilidad, incluso dentro del Ayuntamiento. «Pero cuando nos pidió la nómina, ahí me pareció un poco raro. Yo le dije que no la teníamos, pero mi marido se la dio», se lamenta ahora la mujer.
En pocos minutos había sacado un pequeño aparato que llevaba consigo para fotocopiar esas nóminas, el carné de identidad y algunos datos más. «Tuve que preguntarle yo, antes de que se fuera, cómo se pagaba eso, y me dijo que en cuotas, pero nada más». Cuando el comercial se había ido de su casa, la familia había firmado un contrato de enseñanza. Concretamente, el documento especificaba que se matriculaba en la oposición o curso de «personal laboral a corporaciones locales grupo V peón y ayudante de oficio en la especialidad fontanería».
Temarios
Adoración Gómez explica que siempre pensaron que el sistema era «como el de las escuelas taller, que les enseñaban un oficio y luego sería muy fácil encontrar trabajo». Pero cuando llegaron los dos libros se dieron cuenta de que aquello no tenía nada que ver.
«Mi hijo vio que los libros no trataban de nada relacionado con la fontanería, que eran cosas como de política», momento en el que intentaron devolverlo. En aquel momento, después de haber firmado el contrato, le llegaron también las condiciones de financiación, que suponían dieciocho cuotas de 165,88 euros, un préstamo con un 12,25% de interés, además de cobrarles un 1% de comisión de apertura y un 3% en caso de cancelación total o parcial.
Lo que no habían visto al firmar el contrato fue la cláusula 14, en la que se les informaba de que tendrían un plazo de siete días para rechazar el material y devolverlo.
Fuera de plazo
«Cuando llamamos y logramos hablar con ellos, nos dijeron de la academia que ya estábamos fuera de plazo y no podíamos hacer nada. Que si mi hijo no se iba a presentar a las oposiciones que se lo pasara a otro hermano». Adoración ha denunciado lo que ella considera un abuso, «se han aprovechado de que tenemos los estudios justos, no nos han explicado bien nada, para obligarnos a pagar 3.000 euros por nada, porque eso es regalarles el dinero». En su casa sólo entra el sueldo de su marido y la cuota de 165,88 euros al mes les deja «con el agua al cuello. Y todo por intentar hacer lo mejor para mi hijo». Acudieron entonces a la oficina del consumidor del Ayuntamiento de Santa Fe, pero la empresa ya les ha contestado que una vez superados los siete días no tienen más opción que pagar los 3.000 euros.
Adoración Gómez acudió entonces a la Unión de Consumidores de Granada (UCA), donde han analizado el contrato. «Siempre que se cumplimente sería legal, otra cosa es que sea ético», explica Raúl García, secretario de la organización en Granada. «La cláusula de revocación viene en letra pequeña, les hacen firmar pero no siempre les dejan copia, cuesta trabajo contactar con ellos y mientras lo logran ya ha pasado el plazo», explica García, entre las cuestiones abusivas que han encontrado en esta práctica.
Aprovechar
El secretario de UCA apunta también que «suelen aprovecharse de gente necesitada, que está en paro, con bajo nivel formativo; y se confían al ver que las reuniones se celebran en un salón municipal».
García ha detectado más casos como este en Almuñécar y no duda de que pueda haber más familias en la misma situación. Por eso recomienda que se lean toda la información antes de firmar cualquier documento y que si ya se encuentran con este sistema de financiación, que acudan a una asociación de consumidores para que les asesoren.
En el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía no han recibido reclamaciones por este asunto, pero tras analizar la documentación del caso de Adoración, señalan que el contrato es legal, aunque todo depende de la información que les ofrezca el comercial que les vende el producto.
Por ejemplo, no parece que en ningún momento el comercial les informe de la titulación necesaria para acceder a los puestos en la Administración Pública. De hecho, en el contrato, la empresa elude su responsabilidad si el temario que les venden para una citada plaza no es accesible para el consumidor por no tener la titulación requerida.
M.V. COBO – mvcobo@ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20071008/granada/anuncian-empleos-faciles-para-20071008.html
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