El consejero de Trabajo del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, recalcó el jueves en Bilbao que el diálogo social es fundamentalmente bilateral, entre los empresarios y los sindicatos, y que la administración "no puede sustituir a ninguna de las partes".
La administración, agregó, lo que debe hacer es poner los "mecanismos suficientes" para que ese diálogo se desarrolle (Consejo de Relaciones Laborales, Consejo Económico y Social), pero "no es responsabilidad de la administración el que haya sindicatos que no quieran utilizar esos mecanismos".
Azkarraga hizo esta reflexión en una rueda de prensa en Bilbao, junto a los consejeros de Trabajo de Cataluña, Mar Serna, y de Galicia, Ricardo Varela, con los que analizó las políticas de empleo de las tres comunidades y compartió la importancia que tiene el diálogo social para lograr "políticas compartidas".
Sin embargo, Azkarraga reconoció que ese proceso en Euskadi plantea problemas específicos ya que "aquí la confrontación es doble": la propiamente sindical, derivada de la estrategia de cada uno de los sindicatos, y la política, que se produce "entre los bloques de obediencia estatal y vasca".
"Eso lo hace más complicado, pero la decisión del Gobierno es tratar de que ese diálogo se produzca, aunque sin sustituir a ninguna de la partes", subrayó.
Delegaciones de los tres gobiernos han mantenido diversos encuentros en el País Vasco a lo largo de las dos últimas jornadas, han visitado la sociedad para la promoción de cooperativas Elkarlanean, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y las instalaciones de la sede central de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), en esa localidad guipuzcoana.
Los tres consejeros informaron en su comparecencia ante los medios de las conclusiones y acuerdos adoptados, entre los que figura la constitución de una Comisión Técnica para analizar diversos aspectos relativos a las cooperativas y un foro virtual interadministrativo (una intranet) como herramienta para el intercambio permanente de información.
Los tres ejecutivos autonómicos decidieron también mantener reuniones de forma periódica. La próxima tendrá lugar en Cataluña.
A lo largo de estos dos días las delegaciones de las tres comunidades analizaron fundamentalmente cuatro aspectos: la siniestralidad laboral, las políticas de igualdad de género, el papel de la economía social y la inmigración.
En cuanto a la siniestralidad, los tres ejecutivos comparten la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y reclaman la transferencia de las competencias "según el marco estatutario" de cada una de ellas.
Que todas las competencias estén en manos de una misma administración permitiría, según defendió Azkarraga, "optimizar" los recursos en cada caso, en un ámbito que "genera unos costes humanos inasumibles".
Los consejeros insistieron también en la necesidad de modernizar los sistemas de información. En este sentido anunciaron que trabajarán conjuntamente en una propuesta para instar al Gobierno del Estado a adaptar las estadísticas de accidentes laborales y enfermedades a los criterios europeos "que permita una homologación de los datos de siniestralidad."
La consejera catalana, Mar Serna, subrayó la necesidad de trabajar para que la mujer se incorpore a las ramas de actividad en las que está menos presente y avanzar en medidas de conciliación.
Ricardo Varela destacó la importancia del acuerdo fruto del diálogo social logrado en Galicia, que permitirá diseñar de forma consensuada el "armazón de la política" laboral de esta comunidad para los próximos años.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.