Los primeros contactos para sondear las posibilidades de prorrogar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) han sido concluyentes. Así se ha puesto de manifiesto en las reuniones informales mantenidas por el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, con los secretarios de acción sindical de CC. OO., Juan Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Antonio Ferrer. Todos han coincidido en la necesidad de mantener este pacto al menos un año más a pesar de la presión ambiental para romperlo.
El propio líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha argumentado que España tiene un problema de salarios bajos. Ha recordado la pérdida de peso de los salarios en el reparto del producto interior brutos y la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de las familias para hacer frente al pago de hipotecas tras la subida de los tipos de interés. Esta interpretación fue descalificada por el nuevo presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que ha insistido en que la moderación salarial es la base del fuerte crecimiento que ha experimentado la economía española a lo largo de los últimos años.
Las coincidencias entre patronal y sindicatos son tan notorias que el acuerdo prácticamente está cerrado, aunque formalmente habrá que convocar las mesas de negociación. Estas reuniones se celebrarán una vez que se defina cómo se aplica la ley orgánica sobre igualdad entre hombres y mujeres a la negociación colectiva. Lo mismo sucede con los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo.
Los criterios que se fijarán para la negociación salarial de los cinco mil convenios colectivos que se discutirán el próximo año y que agrupan a mas de diez millones de trabajadores son los siguientes. En primer lugar, tomar como punto de referencia el objetivo de inflación para el próximo año que determine el BCE, que es del 2%, al que hay que sumar el incremento de la productividad, estimado para el próximo año en el 1,1%. Esto representa que la cifra orientativa para los negociadores de convenio sea del 3%.
La novedad que se pretende introducir es que en aquellos sectores donde la productividad ha crecido más, como son el inmobiliario y el financiero, los aumentos sean mayores para que exista un reparto más equitativo de los grandes beneficios empresariales.
El segundo criterio es que con carácter general se consolide la cláusula de revisión salarial, con el fin de garantizar el poder de compra de las rentas de los trabajadores. Estas cláusulas entrarán en vigor en el caso de que la inflación en el mes de diciembre del próximo año supere el 2%. Se trata de garantizar que los salarios crezcan de manera real un punto por encima del aumento de los precios.
Concretamente, para el 2007 se espera que el índice de precios al consumo (IPC) del mes de diciembre se sitúe en el entorno del 3%. De cumplirse esta previsión dada por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, la mayor parte de las empresas tendrá que pagar con efecto retroactivo desde el 1 de enero el importe de la desviación, que se hace efectivo con una minipaga. Además, la subida se consolida en las tablas salariales para el siguiente ejercicio. El coste de un punto viene a suponer unos 2.000 millones de euros. De esta manera, la subida nominal después de aplicar la cláusula de revisión salarial se situará para el presente ejercicio en el 4%.
El Gobierno ha considerado imprescindible que el AINC se prorrogue el próximo año. David Vegara afirma que la moderación salarial "contribuirá a que, llegado el caso, el proceso de crecimiento y de creación de empleo continúe en el contexto en que la demanda crece menos".
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