“Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos”, decía el Conde de Romanones. Sentencia que aplican las distintas asociaciones de guardias civiles con respecto a la actitud de la Dirección de la Benemérita ante las nuevas leyes de asociación y régimen disciplinario. “El ambiente está muy cargado”, afirman fuentes solventes de Interior, “no están para nada de acuerdo con lo aprobado en el Congreso”. Tanto es así que al secretario general de la AUGC, la asociación mayoritaria, Joan Miquel Perpinyá, no le extrañaría nada que “torpedeasen el desarrollo reglamentario. No pinta nada bien”.
El primer gesto de la cúpula directiva de la Guardia Civil es clarividente. Ante las dos únicas iniciativas legislativas del Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, ni director, ni general, ni teniente general alguno tuvo a bien acercarse a la tribuna del Congreso de los Diputados en el momento de la aprobación de las mencionadas normas, pese a afectarles directamente.
Que las nuevas leyes tengan un desarrollo favorable a los agentes dependerá de la puesta en marcha del nuevo Consejo de la Guardia Civil, previsto en la ley de asociaciones, que saldrá de las elecciones que se celebren en el próximo año. En este órgano estarán representadas todas las escalas y categorías a través de trece vocales elegidos por el personal en activo. Los candidatos serán propuestos por las asociaciones de agentes y agrupaciones de electores, y de los trece vocales, dos representarán a los suboficiales y oficiales de la Benemérita. Este Consejo será el interlocutor que participará en el mencionado desarrollo reglamentario.
Nunca llueve a gusto de todos
Pese a que voces como las del Partido Popular consideren estas leyes como “la total desmilitarización de Cuerpo”, la ley de asociaciones veta cualquier actividad de naturaleza sindical como la negociación colectiva, la huelga o la adopción de medidas de conflicto colectivo porque la Guardia Civil continúa teniendo “naturaleza militar”. Estas premisas hacen que las asociaciones estimen las iniciativas legislativas de Rubalcaba como “un paso adelante, pero de hormiga”.
Lo que sí se ha conseguido con la reforma de la ley del régimen disciplinario es dejar de estar sometidos al Código Penal Militar, por el que cualquier sanción de un agente podía acabar en arresto: “Estábamos privados de la libertad de que intermediara la Justicia en cualquier conflicto”, afirma Perpinyá. Sin embargo, desde asociaciones como la UPGC (Unión Profesional de Guardias Civiles) consideran el nuevo régimen como “el peor de los posibles, porque ahora en lugar de arrestos las sanciones pueden terminar en la suspensión de empleo y sueldo”.
El ministro del Interior anunciaba estas nuevas leyes como la base “de la Guardia Civil del siglo XXI”. Sus integrantes, tal y como está el ambiente, tienen serias dudas.
Ana Victoria Suárez
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