El 61 por ciento de las personas que el pasado año pasaron a disposición judicial por la comisión de un delito en la capital eran extranjeras. Con este dato, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, centró parte de su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por eso, Moix atribuyó a una parte de la inmigración el incremento de la delincuencia en la Comunidad, especialmente la relativa al ámbito de la violencia doméstica y la juvenil.
En su discurso, Moix insistió en que no debe equipararse la condición de extranjero con la de delincuente, pero advirtió de una cierta impunidad acrecentada por «la desaparición del concepto de frontera en el ámbito de la Unión Europea y la progresiva implantación de ésta, que ha facilitado la llegada de una delincuencia autóctona de otros países». Esta «libertad de movimiento» provoca, según el fiscal, la llegada de «extranjeros guiados por un propósito delictivo».
Las palabras de Moix fueron respaldadas por el vicepresidente y consejero de Justicia del Gobierno regional, Alfredo Prada: «En cifras, hay un incremento de delincuencia que proviene del sector de población inmigrante». Pero, a su vez, insistió en la misma idea que Moix: «Quien equipare la delincuencia con la inmigración hace una reflexión injusta y falsa».
El máximo responsable de la Fiscalía puso más datos sobre la mesa. Por ejemplo, que el 60,58 por ciento de los agresores en casos de violencia doméstica en la capital durante el pasado año eran extranjeros (la mayoría peruanos y bolivianos), o que el 56 por ciento de los menores internados en la Comunidad por asuntos de delincuencia juvenil son extranjeros.
A juicio de Moix, las concepciones culturales de quienes llegan a España chocan «a veces con la imperante en España, ocasionando que conductas no reprochables levemente sancionadas en los países de origen, merezcan en España un castigo más severo hasta el punto de alcanzar la consideración de delito». También destacó que las dificultades de integración desembocan en delincuencia en numerosas ocasiones y alertó sobre la entrada incontrolada de extranjeros, ya que quienes se encuentran en situación irregular se ven abocados a delinquir para sobrevivir o se convierten «en víctimas propiciatorias de explotación laboral o sexual».
En el acto, tanto Moix como el presidente del TSJM, Javier María Casas, incidieron en la necesidad de incrementar la planta judicial y la plantilla fiscal para aprovechar la avalancha de asuntos que llegan a los órganos judiciales madrileños. Casas cree oportuna la creación de 94 juzgados más, para poder «administrar una justicia sin dilaciones». También destacó que Madrid tiene el mayor número de asuntos por juzgados de España (durante 2006 registraron 1,1 millones de asuntos y quedaron pendientes 420.730) pero dispone del menor número de órganos judiciales por cada 100.000 habitantes.
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