E l sector juguetero será la tercera actividad económica con arraigo en las comarcas alicantinas, tras el textil y el calzado, en contar con un plan de apoyo específico impulsado desde el Gobierno central, según anunció ayer en Alicante el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que pasó la jornada en la provincia en plena precampaña electoral. Los objetivos del programa de ayudas que llegará desde Madrid pasan, especificó Caldera, por fortalecer a las empresas jugueteras ante la competencia asiática, mantener el empleo y analizar nuevas líneas de comercialización, diseño y seguridad de los juguetes.
«Voy a convocar inmediatamente a las centrales sindicales y a las patronales para iniciar las conversaciones referidas a este plan», manifestó el ministro después de participar en un reparto de folletos informativos a las puertas del centro de salud ubicado en el barrio alicantino de La Florida. El ministro, sobre el plan de respaldo al juguete, apuntó que la filosofía y estructura del proyecto será similar a la de los ya aprobados por el Gobierno en materia de textil y calzado.
«Similar, aunque adaptado a las circunstancias específicas del juguete», recalcó Caldera que, en todo momento, dejó claro que la iniciativa cuenta con el beneplácito del titular de Industria, Joan Clos. El ministro, de hecho, subrayó «los buenos resultados» que ofrece el plan del textil y el trabajo desarrollado en el proyecto de respaldo al sector del calzado, cuya aplicación comenzará el 1 enero de 2008 como el propio ministro anunció ayer también durante otra visita a Elche. El sector juguetero español está integrado por 203 empresas, de las que casi la mitad están implantadas en la Comunidad. Alrededor de 6.000 personas trabajan directamente en este sector y cerca de 12.000 en líneas indirectas.
La visita de Caldera también sirvió para que el ministro cargara de forma directa contra la Generalitat por el cumplimiento de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo socialista de Madrid. El ministro acusó a la administración autonómica de bloquear la concesión de ayudas a las personas dependientes al dilatar la remisión al Gobierno de los expedientes de aquellos colectivos susceptibles de recibir fondos económicos por este concepto. El titular de Trabajo concretó que, de las 17.000 personas que podían percibir subvenciones, la administración autonómica únicamente ha tramitado poco más de tres mil solicitudes. «Si precisan cooperación del Estado, aquí estamos para darlas con rapidez», aseveró.
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