La nueva empresa gestora podrá construir y explotar edificios de uso terciario hasta completar la edificabilidad asignada por el PGOU
La Consejería de Economía y Hacienda y la Sociedad Estatal de Gestión de Activos SA (Agesa) ofrecieron a Isla Mágica –Parque Isla Mágica SA (PIMSA)– un acuerdo de resolución del contrato de explotación del Parque Temático, en el que la Junta expresó su intención de convocar una licitación sobre la gestión del parque sevillano con el compromiso de que la empresa que gane el concurso estará obligada a mantener la actividad del parque y a conservar la plantilla de la empresa.
Según informó la Junta en una nota remitida a Europa Press, en el borrador facilitado a la dirección del parque donde se explica la posición del Gobierno andaluz sobre la gestión del mismo se explicó que el documento preparado por la Consejería parte de dos principios básicos, como son "el mantenimiento de la actividad del Parque y el respeto de la situación laboral de los empleados de Isla Mágica".
Sobre estas bases, la Junta de Andalucía tiene intención de convocar una licitación en la que se fijará "un nuevo ámbito territorial" para el parque, en la que la empresa que gane el concurso "deberá obligarse" a mantener la actividad del parque y a conservar la plantilla de la empresa.
Como contrapartida, la empresa podrá construir y explotar edificios de uso terciario hasta completar la edificabilidad que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana asigna al Parque, cercana a los 58.000 metros cuadrados. La Junta de Andalucía y Agesa recibirán un canon por la entrega de los terrenos y por la explotación de los nuevos usos.
Precisó que este proyecto "exige" resolver por anticipado el contrato vigente con Parque Isla Mágica SA, de forma que en el documento elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda se exige del nuevo adjudicatario "determinadas obligaciones económicas relacionadas con la salida del actual explotador".
En concreto, se exigirá a la nueva empresa "acreditar haber adquirido los activos que se encuentran afectos a la actividad actual del parque temático, así como la marca actualmente registrada, así como acreditar que la explotación se encuentra al corriente en el pago de los cánones anuales y del Impuesto de Bienes Inmuebles".
DOS MESES PARA LA LICITACIÓN.
La propuesta presentada por la Consejería establece un plazo de dos meses para realizar la licitación pública del contrato a partir de la firma del acuerdo de resolución.
En ese sentido, la Consejería de Economía y Hacienda ya trabaja en la elaboración del pliego de prescripciones que regirán la nueva contratación.
"MENOS TERRENO PERO MÁS EDIFICABILIDAD PARA TERCIARIO".
La Junta indicó que la resolución "anticipada y por mutuo acuerdo" del contrato de explotación de Isla Mágica se justifica por la reciente aprobación del PGOU de Sevilla, "que reconoce nueva edificabilidad y nuevos usos urbanísticos dentro del ámbito territorial del parque".
Apuntó que este nuevo escenario "ha obligado a replantear las bases del contrato que rige desde el año 1993 para darle un nuevo enfoque o diseño a su explotación", de manera que la nueva Isla Mágica "será una Isla Mágica con menos terreno", puesto que se excluye el Jardín del Guadalquivir, el canal de la Expo, el Pabellón del Futuro y otros activos "y con más edificabilidad de uso terciario, como hoteles, restaurantes, comercios u oficinas" con el fin de dotar al parque de "viabilidad económica y dinamizar esa zona de la isla de La Cartuja con una oferta complementaria atractiva".
Hace varios meses el consorcio formado por la constructora sevillana Martín Casillas e Inverco alcanzó un principio de acuerdo con Parques Reunidos para optar conjuntamente a la explotación y gestión de los terrenos del parque temático de Isla Mágica.
El proyecto de este consorcio contempla la apertura de este parque temático todo el año "por lo que dejaría de ser estacional y se generaría más empleo del que actualmente existe". Martín Casillas indicó que se trata de un principio de acuerdo "en términos generales", puesto que está sujeto a las condiciones que establezcan las administraciones públicas sobre el contrato de concesión.
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