Las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social que se están desarrollando en los últimos días en el Valle de las Uvas, en la comarca del Vinalopó, que se encuentra en plena campaña de recolección de la uva de mesa embolsada, han desatado la alarma y las protestas del sector y de los dirigentes políticos. La tensión es tal que ayer una amplia delegación de alcaldes, concejales de Agricultura, empresarios de almacenes de manipulación y envasado y de producción agrícola forzaron una reunión para que los recibiera el jefe de la Inspección Laboral en Alicante, Ángel Torres.
La cita, a la que acudieron, entre otros, el alcalde socialista de Novelda, Mariano Beltrá, y los ediles de Agricultura de Monforte del Cid y de La Romana, se ha desencadenado tras los últimos controles, que han dado pie ya a diversas propuestas de sanciones y multas por más de 6.000 euros por cada trabajador sin papeles cazado en plena faena.
La reunión, a la que no faltaron tampoco distintos representantes de las organizaciones sindicales Unió-Coag y Jóvenes Agricultores-Asaja, así como de la patronal del sector agroalimentario Fexphal y del Consejo Regulador de la Uva de Mesa, no se vio exenta de cierta tensión. Entre los citados se generó cierta discusión sobre la idoneidad o no de dar publicidad a la cita y a las inspecciones masivas que se están produciendo por parte de los inspectores y los subinspectores de la Seguridad Social.
Según ha sabido este diario, el responsable de la inspección laboral se limitó a informar de que las actuaciones no son nuevas, sino que forman parte de una campaña instada desde la Dirección General de la Inspección de Trabajo, en Madrid, y forma parte de la sistemática y operativa habitual. Este diario ya informó a finales de septiembre de que la recolección de la uva de vinificación no tenía que registrar inspecciones, pero que sí se producirían en el sector de la uva de mesa embolsada, porque ya lo había programado el Ministerio en Madrid, al haber detectado en las labores de embolsado y otras importantes cuotas de inmigración irregular ocupada en las empresas agroalimentarias del Medio Vinalopó.
La vendimia alicantina no se vio finalmente alterada por la presencia de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, al revés de lo que ocurrió en otras zonas de la autonomía como Vall d'Albaida, Los Serranos, Hoya de Buñol, la Ribera Alta o La Costera. El Ministerio de Trabajo ya advirtió de que sería 'inflexible en el control' del empleo ilegal de braceros extranjeros, pero se refería a Castilla-La Mancha, especialmente. En esa región, los empresarios habían exigido previamente que se levantara la moratoria de dos años que afecta a rumanos y búlgaros para poder contratarlos directamente. Como contestación recibieron la visita de los inspectores, que fueron masivas y muy contundentes.
Ahora, se han trasladado no sólo al campo de Novelda, Monforte, La Romana, los dos Hondones y otros limítrofes, como Agost, sino que los funcionarios de Trabajo y la Seguridad Social también visitan, puerta a puerta, los principales almacenes de recepción, manipulación y envasado de la uva de mesa, donde hay una mayor presencia de trabajadoras, muchas de ellas también extranjeras sin permiso de trabajo, según explican fuentes presentes en la reunión de ayer en Alicante.
Diversos expertos siguen hablando de que en Alicante hay no menos de 90.000 extranjeros indocumentados que residen de forma habitual e incluso están empadronados. Pero que no tienen los papeles en regla para trabajar. Consciente de ello, el pasado mes de agosto, el presidente del Consejo Regulador del Vino, Francisco Amorós, pidió al Gobierno central 'más flexibilidad' en la contratación de inmigrantes y denunció las muchas trabas y la lentitud en la tramitación de permisos. El secretario de Unió-Coag en la Comunidad, Joan Brusca, también ha denunciado en los últimos meses el 'ensañamiento' de la inspección laboral con ciertos sectores agrícolas, como el vitivinícola.
El director de la Inspección Territorial en Valencia, Alejandro Patuel, confirmó a este diario que se están produciendo controles selectivos en los últimos días en la comarca de las uvas. 'Hasta dentro de unos días no sabremos los resultados, porque en muchos casos detectamos a trabajadores inmigrantes sin papeles y a españoles que trabajan mientras cobran la prestación por desempleo, pero la documentación no la llevan encima ni en campo ni en almacén y los citamos para que acudan a la Inspección'.
La comisión de quince políticos, empresarios y agricultores tiene previsto reunirse el próximo lunes con la Subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, para abordar la situación creada. Ayer por la mañana se celebró una espontánea concentración de agricultores en un solar de Novelda. Inicialmente, se mostraron remisos a dar información a los medios de comunicación.
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