El PSOE quiere que el Gobierno ajuste los programa en materia de accesibilidad del Imserso a los requisitos que exige la ley de subvenciones, de modo que los convenios suscritos en esta materia recojan cláusulas "para garantizar el respeto a los principios de publicidad, objetividad, transparencia e igualdad".
Por su parte, el Partido Popular pretende que la Abogacía del Estado elabore un informe expreso sobre la naturaleza jurídica de estos convenios, en el sentido de determinar si tienen o no naturaleza de subvenciones.
Estas son dos de las solicitudes destacadas entre las propuestas de resolución de ambos grupos al informe de fiscalización de la aplicación de los fondos públicos destinados por el Imserso a los programas de ayuda a la accesibilidad durante el período 2001-2003, que hoy se debatirá en la Comisión Mixta del Congreso para la relaciones con el Tribunal de Cuentas.
MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO
En el texto de sus propuestas los socialistas hacen hincapié en la necesidad de que se desarrolle para dicho programa un marco normativo de "carácter especial y con rango suficiente", en ausencia de la cual estos convenios deberían regirse por la ley de subvenciones actualmente en vigor.
Tanto el PSOE como el PP pretenden que el Ejecutivo mejore sus instrumentos de gestión para asegurar el control de estos fondos públicos, centrándose en los plazos de ejecución y los posibles reintegros.
Además, los 'populares' piden que se mejore el control sobre los expediente s de solicitud de ayudas, así como de los compromisos asumidos por las entidades con las que se firman los acuerdos.
LIQUIDACIÓN GLOBAL DE LOS CONVENIOS
Los dos grupos parlamentarios coinciden en que se deben formalizar la liquidación global del convenio marco vigente entre 2001 y 2003, revisando el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
No obstante, los 'populares' solicitarán al Ejecutivo que esta liquidación se extienda al convenio marco del bienio 2004-2006, con condiciones que incluyen la aportación de las cantidades no empleadas, así como la devolución de los fondos cuya efectiva aplicación no haya sido justificada.
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