1 de noviembre de 2024
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El Parlamento abre la puerta a que las ayudas del Imserso se ajusten a la Ley de Subvenciones

El Parlamento abre la puerta a que las ayudas del Imserso se ajusten a la Ley de Subvenciones

La Comisión Mixta del Congreso para la relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó hoy una propuesta de resolución del PSOE, por la que insta al Gobierno a ajustar los programa en materia de accesibilidad del Imserso a los requisitos que exige la Ley de Subvenciones, de modo que los convenios suscritos en esta materia recojan cláusulas "para garantizar el respeto a los principios de publicidad, objetividad, transparencia e igualdad".

Esta era la solicitud más destacada entre las propuestas de resolución de los grupos al informe de fiscalización de la aplicación de los fondos públicos destinados por el Imserso a los programas de ayuda a la accesibilidad durante el período 2001-2003, que mañana se debatirá en la Comisión Mixta del Congreso para la relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En el texto de sus propuestas, al que tuvo acceso Europa Press, los socialistas hacen también hincapié en la necesidad de que se desarrolle para dicho programa un marco normativo de "carácter especial y con rango suficiente", en ausencia del cual estos convenios deberían regirse por la Ley de Subvenciones actualmente en vigor.

CONTRATOS CON EMPRESAS ESTATALES

La Comisión aprobó también, en este caso por unanimidad, una propuesta de resolución al informe de fiscalización de subcontratación en la actividad contractual llevada a cabo entre 2001 y 2002 por las empresas estatales, para que en los pliegos de contratación con estas empresas, figuren las recomendaciones del Tribunal del Cuentas.

Esta propuesta es resultado de una transacción entre dos propuestas del PSOE y del PP, en la que se insta además al Ejecutivo a establecer los mecanismos adecuados para asegurar el "efectivo cumplimiento" de la legislación según recomienda igualmente el Tribunal.

Se quedan fuera así otras propuestas formuladas por el PP, entre las que destacaba imponer la obligación a los contratistas de empresas públicas de exigir a sus subcontratas el cumplimiento de "todas las obligaciones legales a las que estén sujetos", así como a justificar periódicamente su cumplimiento ante las entidades adjudicatarias.

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