Los trabajadores del Puerto de Buenos Aires paralizaron ayer la actividad en las seis terminales, en reclamo de una jornada laboral de 6 horas y 4% del Programa de Propiedad Participada (PPP) que nunca recibieron de la privatización de los ’90.
Por su parte, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) organizó esta mañana una movilización que partió desde el puerto, arribó primero al Ministerio de Trabajo y luego finalizó con un acto de protesta en Plaza de Mayo.
“El gremio reclama una jornada laboral de 6 horas que se cumple en el país y no en Puerto Buenos Aires, y pide el cese de la política que desarrolla la gestión del ministro Carlos Tomada contra los derechos de los estibadores”, indicó el titular del SUPA, Juan Corvalán.
También indicó que los estibadores esperan una definición por “el 4% del Programa de Propiedad Participada (PPP) que nunca recibieron de la privatización de los ’90”.
Los sindicalistas fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo, no por Tomada, pero sí por funcionarios de segunda línea, que prometieron analizar la situación de los portuarios.
“El viernes 7 de diciembre se abrirá una mesa negociadora, en el ámbito del Ministerio, con la participación de los gremios del transporte de vías navegables y la Administración General de Puertos. Si no hay respuestas vamos a aumentar los paros”, advirtió Corvalán.
Asimismo, subrayó que es preciso que “Tomada cese de emitir resoluciones que benefician a gremios de segundo grado o de oficio, y que se investigue su accionar en el puerto”.
Los estibadores denuncian que “existirían intereses” que unen al funcionario con la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fepimra), de la cual los estibadores no participan y a la que califican de “minoritaria pero con conexiones políticas” y gremiales.
“Es muy simple, la Fepimra está logrando que la carga y descarga de los contenedores se hagan fuera del puerto, lo cual es un atropello porque precariza las condiciones de trabajo y viola nuestros derechos. Todo con el aval del Ministerio de Trabajo, que impugna todos nuestros genuinos derechos”, denunció Corvalán.
El dirigente aseguró que “si las plazoletas fiscales en la zona portuaria no se sientan a negociar con el SUPA no vamos a dejar entrar ni salir ningún contenedor por tiempo indeterminado”.
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