Dos obreros de la misma empresa. Uno construye una carretera en Xàbia (Alicante). El otro, una carretera en Oliva (Valencia). Realizan el mismo trabajo a 30 kilómetros de distancia pero ni sus salarios ni sus condiciones laborales son iguales.
El primer peón gana un 10% más que el segundo (1.445 euros al año) y hay categorías (la de encargado por ejemplo) en las que la diferencia salarial se acerca al 20%. Las vacaciones, las dietas, el kilometraje, las indemnizaciones por invalidez o muerte también difieren. Cada provincia valenciana es un mundo y muchos trabajadores saltan de uno a otro a lo largo del año siguiendo la obra. UGT y Comisiones Obreras convocaron ayer cinco jornadas de huelga en el sector para conseguir la unidad autonómica, adelantar la jubilación a los 60 años y exigir mejoras en la seguridad: en 11 meses han muerto 27 obreros en el tajo.
El primer día de paro, al que están convocados 195.700 trabajadores de 27.300 empresas, será el 14 de diciembre. La decisión, según Conrado Hernández, secretario general de la federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, llega después de haber negociado sin éxito con las patronales provinciales del sector, que respondieron a su demanda, dijo, con "falta de sensibilidad" y "cerrazón ante unas reivindicaciones justas". La previsión de la unificación autonómica, añadió José Luis Colomer, secretario general de Construcción, Madera y Afines de CC OO, ya se incluyó en los tres convenios provinciales hace cinco años, sin que hayan detectado progresos.
El volumen de obra, el número de trabajadores y el grado de conflictividad que alcanzaron las relaciones con los empresarios explican que Alicante sea el territorio con mejores condiciones. Entre Valencia y Castellón las diferencias son menores, aunque la segunda es la única en la que sus trabajadores no perciben complementos por bajas o incapacidad temporal.
¿Por qué no quiere la patronal un convenio autonómico? Se trata, dijeron ayer los líderes sindicales, de la táctica del "divide y vencerás"; un acuerdo único daría "otra dimensión a la negociación en el sector".
Los sindicatos rechazaron que exista una verdadera crisis en el sector y consideraron "razonable" que las empresas "reviertan" parte de los beneficios obtenidos en los últimos años. Mientras se habla de un retraso general de la edad de jubilación, pidieron además que los obreros la vean adelantada a los 60 años, al menos para quienes trabajan "a pie de obra".
Si no hay acuerdo, el 10 y el 11 de enero y el 14 y 15 de febrero volverá a convocarse huelga. La tercera razón de la movilización es el número de accidentes de trabajo, que sigue disparado, en cuyos planes de prevención han participado los sindicatos. Las organizaciones consideraron correctas las medidas actuales, pero advirtieron de que faltan inspectores, mientras "un tercio" de las obras que han visitado este año "incumplían las medidas de prevención". "Son necesarios más recursos", añadieron, "para que ir a la obra no sea ir a la guerra, esto no es Irak".
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