El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha lanzado un auténtico proceso de liberalización de la jornada laboral en Francia dinamitando la ley que desde 1997 marca el tope en las 35 horas semanales. 'Para tener más poder adquisitivo, hay que rehabilitar el trabajo', remachó señaló el jueves el presidente durante una esperada entrevista televisada desde el Palacio del Elíseo que duró casi una hora y fue vista por 19 millones de telespectadores.
Para los que quieran seguir su máxima de 'trabajar más para ganar más', Sarkozy abrió la puerta a que las empresas se libren del corsé de las 35 horas a cambio de aumentar el salario de sus empleados, una medida que debería ser acordada con los sindicatos.
El jefe del Estado galo, que no es la primera vez que sugiere negociar en el seno de las empresas la duración del tiempo de trabajo, negó que la intención sea 'suprimir' las 35 horas o replantearse los avances sociales 'adquiridos' y enmarcó la iniciativa en la necesidad de llegar al 'pleno empleo'. No obstante, su planteamiento hace saltar por los aires la llamada 'Ley Aubry' y rescata en cierto modo la jornada de 39 horas.
La cruzada contra las 35 horas comenzó el pasado 1 de octubre con la entrada en vigor de la norma que incentiva las horas extras sin coste fiscal alguno para las empresas.
Ahora Sarkozy da un paso más hacia la liberalización y animó, en este sentido, a abrir el debate sobre el trabajo dominical, siempre que sea 'voluntario' y se pague 'el doble' que los días de entre semana. Asimismo, expresó su intención de continuar las discusiones con el sector de distribución para lograr 'reducción de precios en las grandes superficies'.
Sarkzoy ya se había dirigido anteriormente al ministerio de Economía para pedir 'autorización' con el objetivo de que los asalariados que quieran pudieran trabajar los domingos. En este momento, los comercios necesitan un permiso de la delegación del Gobierno (Prefectura) para abrir los domingos y hacer trabajar a su personal que, teóricamente, puede negarse.
En la misma línea camina la idea de que los trabajadores puedan 'monetarizar', es decir convertir en dinero, los días libres derivados de reducción de tiempo de trabajo que no se hayan cogido, siempre que se haga de mutuo acuerdo con el empleador. Esta medida, a la que también podrán acogerse los funcionarios, se traducirá en '5.000 millones de euros' de poder adquisitivo, según Sarkozy.
Precisamente para responder a las preocupaciones de los funcionarios, que el pasado 20 de noviembre inundaron las calles francesas para protestar contra la paulatina pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, el presidente galo propuso que las horas extra se paguen, como en el sector privado, un 25% más que las normales.
Entre las novedades, figura el anuncio de crear un nuevo 'índice de poder de compra' que se ajuste a la vida cotidiana de los franceses para que la población no tenga la sensación de que 'se burlan' de ella. El Instituto nacional de Estadística calcula que el poder adquisitivo de los franceses aumenta una media del 2% anual, pero sindicatos y organizaciones de consumidores creen que este índice no es representativo.
Durante su intervención, Sarkozy admitió que el problema del poder adquisitivo es 'real' pero que los franceses sabían que no iba a anunciar 'regalos de Navidad' porque 'no hay dinero en la caja'. Eso sí, el presidente se encargó de negar que el Estado se encuentre en 'bancarrota', como en su momento dijo el primer ministro François Fillon.
CONTRATOS DE ALQUILER
Al paquete de medidas para aliviar los apuros económicos de los franceses, Sarkozy añadió el precio de los alquileres, ámbito en el que la idea es aumentarlos con arreglo al índice de precios al consumo y no, como hasta ahora, con respecto al de la construcción. También planteó dejar en un mes el alquiler que los dueños piden como garantía para firmar el contrato y establecer un sistema público para eliminar la fianza.
Habló también de la generalización de los contratos de transición profesional, al considerar que las personas en paro tienen 'derecho' a la formación. El planteamiento es permitir a un asalariado despedido por razones económicas tener un contrato con el Estado y acceso a la formación para encontrar un nuevo empleo. El contrato de transición profesional (CTP) ofrece en este momento el 80% del salario bruto durante un año.
La reforma universitaria formó parte del repertorio desgranado por Sarkozy, que propuso vender el 3 % de la empresa pública Electricidad de Francia (EDF) para invertir 5.000 millones de euros en las Universidades. Esta cantidad iría destinada a mejorar las instalaciones de los centros educativos y crear alojamientos para los estudiantes en los campus universitarios.
No obstante, saliendo al paso de las críticas de los sindicatos estudiantiles, que llevan todo el mes movilizados en contra de la ley de reforma universitaria porque temen que el Estado se desentienda y deje la educación superior en manos de las empresas, Sarkozy subrayó que 'no se privatizarían' las Universidades. 'Queremos las mejores universidades para Francia', proclamó.
Finalmente, se mostró proclive a 'desbloquear' los fondos de participación de los asalariados en el capital de las empresas en un plazo de seis meses para 'volver a echar carburante en el crecimiento francés y en el poder adquisitivo'. Sugirió un techo de 10.000 euros, lo que representa, según el presidente galo, inyectar 12.000 millones de euros en la economía.
Para diseñar toda esta agenda social de cara a 2008, Sarkozy reunirá a mediados de diciembre en El Elíseo a las organizaciones patronales y a los sindicatos, con el objetivo de dar 'más flexibilidad a las empresas y, al mismo tiempo, más garantías a los asalariados'.
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