La plataforma sindical que conduce la protesta, integrada por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, STAJ, y UGT, congregó la mañana de ayer a casi la mitad de los trabajadores de Justicia de la región para valorar de manera conjunta la repercusión de la huelga y las acciones a tomar la próxima semana.
Megáfono en mano, Felicidad López, de CCOO, instó a los funcionarios que abarrotaron el salón de actos de los Juzgados de Instrucción a plantear propuestas sobre cómo desarrollar la huelga indefinida, que se llevará a cabo de lunes a viernes. "Repitamos la huelga de 1979 –que duró 25 días ininterrumpidos–. Lo poco que tenemos ahora se consiguió entonces", proclamó una de las empleadas públicas que asistía a la reunión, cuya propuesta fue ampliamente aplaudida.
"Estaremos en huelga hasta que la Comunidad de Madrid se siente de una vez por todas a negociar", advirtió Fernando Buendía, representante sindical de CCOO. No obstante, el consejero de Justicia, Alfredo Prada, ya se reunió con los sindicatos el 19 de noviembre, aunque se limitó, según Emilia Rubio, de STAJ, a realizar "una declaración de buenas intenciones, sin concretar ninguno de los puntos a debatir".
"El señor Prada desoye al 78 por ciento de los trabajadores de los tribunales madrileños, que son los que menos cobran de toda España", se quejó Paloma González, también de STAJ. De hecho, la diferencia salarial respecto a otras comunidades autónomas oscila entre los 300 y 200 euros.
Más recursos
Los representantes de los sindicatos hicieron hincapié en que no se pretenden sólo mejoras salariales, sino que sus reivindicaciones incluyen también que se promuevan una serie de "medidas realistas y eficaces" orientadas a dotar a la Administración de Justicia de la región de los recursos necesarios para lograr un servicio útil a los ciudadanos.
En cuanto a las retribuciones, los funcionarios demandan que se actualice el complemento transitorio hasta alcanzar los 700 euros en el complemento específico, el pago de las retribuciones totales por sustituciones y el pago de los trienios a los interinos, entre otros puntos.
En el aspecto laboral, también reclaman la reducción de las tasas de temporalidad a un 6 por ciento, elaborar un plan para la ampliación de plantilla en los Juzgados de lo Penal y los Registros Civiles, que son los que soportan la mayor sobrecarga de asuntos, y la conversión de todos los esfuerzos en plazas de plantilla y su inclusión en el primer concurso de traslados y oferta pública de empleo.
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