El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Michael Chertoff, afirmó esta semana que el Gobierno no abandonará su plan de obligar a las empresas a despedir a empleados que no logren verificar la autenticidad de su documento de Seguro Social.
Se trata de un plan en el que decenas de miles de empresas recibirán cartas de advertencia para corregir, en un plazo de 90 días, cualquier discrepancia o error en los números de Seguro Social que provean sus empleados o, de lo contrario, despedirlos.
Chertoff afirmó en un comunicado que, al contrario de lo que opina la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), el plan no perjudica a los trabajadores legales y "es un gran paso para prevenir la contratación de inmigrantes indocumentados".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no lo abandonará", aseguró Chertoff, al referirse a la demanda presentada en contra del Gobierno por parte de ACLU y otros grupos cívicos para frenar la puesta en marcha del plan.
El martes, el Departamento de Justicia apeló el dictamen de un tribunal federal en San Francisco (California), del pasado 10 de octubre, que por ahora frena el envío de las llamadas "cartas sobre datos que no concuerdan" ("No Match Letters", en inglés) a unas 140.000 empresas en Estados Unidos.
De aplicarse, el plan podría afectar a alrededor de ocho millones de trabajadores en este país, y las empresas que no contesten las cartas podrían afrontar multas y hasta penas carcelarias.
Chertoff señaló que "algunas veces, una discrepancia (en los documentos de Seguro Social) tiene una explicación inocente, como un error administrativo, pero otras veces refleja el hecho de que el empleado es un inmigrante indocumentado".
"Cuando los empleadores reciben esas cartas, ya están advertidos de que el empleado en cuestión posiblemente no esté autorizado a trabajar" en Estados Unidos, agregó.
Las leyes federales migratorias prohíben la contratación de inmigrantes "sin papeles" y las empresas que violen esos reglamentos podrían afrontar fuertes multas y hasta sentencias carcelarias.
Según Chertoff, las empresas no tienen nada que temer si la discrepancia se debe a un error administrativo y se puede corregir pero "si hay fraude, sin embargo, se deben tomar las medidas adecuadas".
"Las empresas que cumplan con los reglamentos estarán a salvo de cualquier acción judicial. Pero quienes hagan caso omiso a las cartas, corren el riesgo de levantar sospechas de que a sabiendas están contratando a empleados que están acá de forma ilegal", advirtió Chertoff.
El secretario de Seguridad Nacional indicó que, lejos de abandonar el plan, el Gobierno ha apelado el dictamen del juez Charles Breyer, y pronto emitirá un documento que responde a las tres preocupaciones expresadas por el tribunal de San Francisco.
En su dictamen, Breyer se quejó de que el Gobierno no había explicado bien el nuevo reglamento, que tampoco evaluó el impacto económico en la pequeña empresa, y que el DHS se había "sobrepasado" en algunos aspectos del plan.
Para Chertoff, los únicos que se benefician de la demanda entablada por ACLU son los patronos que hacen la vista gorda para contratar la mano de obra barata de los indocumentados y así violar las leyes del país.
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