La introducción del salario mínimo para los carteros y las críticas del presidente Horst Koehler y de la canciller Merkel a lo desmedido de algunos salarios de presidentes y altos ejecutivos de empresas han calentado el clima social y tensado la vida económica en el país hasta un extremo nunca visto desde hace años. La patronal germana ha esgrimido el fantasma de la supresión de millones de empleos si el salario mínimo se extiende a otros sectores, como exigen sindicados y el SPD, aliado de la CDU en el Gobierno de gran coalición. La semana pasada, el sindicato Verdi y la semipública Deutsche Post acordaron, con el beneplácito de Berlín, fijar un salario mínimo de 8-9,80 euros por hora en los servicios postales, generando la ira de los competidores.
La holandesa TNT y la alemana Hermes han anunciado que congelan sus planes en el mercado de distribución de correo. Y Alex Springer, dueño de la firma de servicios postales PIN ha anunciado la eliminación más de 1.000 empleos “forzado” por la medida.
Para Verdi la tormenta creada es populista: “con la liberalización del servicio postal el 1 de enero para PIN y el resto se abre un mercado de 5.000 millones de euros, lo suficiente para pagar decentemente a unos empleados que no llegan a cinco euros por hora”. Las empresas no piensan así: dicen que el salario mínimo preserva de facto el monopolio de Deutsche Post y piden a la comisaria de Competencia,Neelie Kroes un examen puntilloso de una decisión “que amenaza 20.000 de los 60.000 empleos del sector".
En apoyo de la patronal acudió ayer el BCE, cuyo presidente, Trichet, se dijo contrario a los salarios mínimos obligatorios "porque frenan la creación de empleo".
Para el jefe de la patronal germana BDI, Jürgen Thumann, si el salario mínimo se generaliza como en Francia, se pondrán en peligro cinco millones de empleos. Y es que la regulación del salario por las autoridades es tabú en Alemania, donde la vida empresarial se rige por acuerdos patronal-sindicatos con pocas excepciones.
El SPD, con el viento a favor de una inflación del 3% que erosiona el nivel de vida de unos empleados que han visto estancados sus salarios mucho tiempo, no está dispuesto a abandonar su pugna por un salario mínimo general. Y Merkel, sin ir tan lejos, se ha dicho favorable a una extensión controlada del salario mínimo en algunos sectores, lo que la ha granjeado la ira patronal, junto a su crítica a lo desorbitado de los salarios de altos ejecutivos.
Y eso que Merkel, que sólo abundó en una crítica previa de Koehler, se ha visto apoyada por empresarios como el patrón de Continental, Manfred Wennemer, que juzga escandalosos algunos salarios y blindajes, y por Ekkehard Schulz, jefe de ThyssenKrupp, que se embolsó cuatro millones de euros en 2006/07 (en la media de los directivos de las empresas del DAX, los 30 valores bursátiles principales).
Para las Cámaras, Merkel yerra al criticar las remuneraciones de los patronos. “Los políticos no deben mezclarse en asuntos que sólo competen a las firmas y sus consejos”, reprocharon, después de que Merkel dijera ver bien que un empresario sea "muy bien pagado" si gestiona bien, y en contra de que el fracaso se premie con indemnizaciones millonarias, "ya que se entierra la confianza en el equilibrio social".
Merkel, que busca situar a la CDU cada vez más al centro, ha irritado también a su ala conservadora y enojado al FDP (liberales), que habla de "deriva hacia la economía planificada de tiempos de la RDA". En general, los grandes empresarios y banqueros niegan ganar demasiado, pese a tener sueldos de entre 2,5 y 13,5 millones de euros por año. Imponer techo a esos salarios, como pide el SPD "es absurdo, porque es el mercado el que regula", según una patronal que ataca a Koehler. El presidente expresó su inquietud por el creciente desfase entre “empresariado y sociedad”, dijo que para la población "no es comprensible que unos ingresos suban (los de los patronos) y otros no (los de los empleados)" y pidió moderación a los ejecutivo para mantener la "cohesión social" en Alemania.
A calentar las cosas ha contribuido un estudio de la fundación Hans-Böckler (próxima a los sindicatos), que señala que las percepciones de los empleados "les aseguran cada vez menos un nivel decente de vida" y que tras la gran baja del paro se oculta un importante número de pobres con trabajo.
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