Las principales asociaciones de empleadas del hogar de España reclamaron ayer en Madrid que la futura reforma del régimen que regula la actividad dentro de este sector limite su jornada laboral a 40 horas semanales, tanto en el caso de las trabajadoras internas como de las externas, y que se reconozca su derecho a percibir una prestación por desempleo.
En una rueda de prensa convocada ayer en Madrid por asociaciones de trabajadoras de Vizcaya, Granada, Valladolid, Baleares y Galicia entre otras, sus portavoces exigieron la "máxima equiparación de derechos laborales y de Seguridad Social" entre estos trabajadores y el resto.
Estas propuestas, "asumibles" a juicio de las asociaciones, han sido remitidas ya a los agentes implicados en la negociación -el Ministerio de Trabajo, CC.OO. y UGT y CEOE- para modificar la regulación laboral de los empleados del hogar, con el objetivo de integrar progresivamente el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y LÍMITE DE JORNADA LABORAL
Según recordó Liz Quintana, asesora legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, este colectivo, integrado en un 91% por mujeres, es el único "excluido" del derecho a cobrar las ayudas por desempleo, que perciben incluso los autónomos.
Además, exigió que las indemnizaciones por cese sean iguales que en el resto de los sectores, tanto en caso de despido como de rescisión voluntaria del contrato.
Asimismo, reclamó que se limite a un máximo de 40 horas semanales el límite máximo de las jornada laboral, tanto en régimen externo como interno. En este sentido, denunció que el 40% de las externas superan estas horas sin llegar a cobrar el salario mínimo en relación con las horas de trabajo, mientras que de las internas, la totalidad lo sobrepasa sin descansar más de dos horas diarias.
En su documento, Trabajo propone que el horario del empleado de hogar se fije por acuerdo entre las partes y no unilateralmente por el empleador como sucede ahora. Además, quiere que entre un día y otro de trabajo medien, como mínimo, 12 horas, aunque precisa que si el trabajador fuera interno, el descanso entre jornadas podría reducirse a 10 horas.
SALARIO MÍNIMO
Quintana hizo además hincapié en que el Gobierno garantice que el salario en metálico percibido por la trabajadora nunca pueda ser inferior al mínimo anual interprofesional en relación con la jornada trabajada, y se suman a la propuesta de Trabajo de no permitir la retribución en especie, como alojamiento y manutención, y su descuento de la remuneración en efectivo.
Las asociaciones también reclaman que la contratación se realice exclusivamente a través de los servicios públicos de empelo o de entidades sin ánimo de lucro, con el fin de que desaparezcan las agencias intermediarias que actúan, a su juicio, "al borde de la legalidad", situación que el Ministerio ya se comprometió a estudiar, según estas asociaciones.
RECONOCIMIENTO A LOS INMIGRANTES
También piden que se reconozca el trabajo que están realizando las personas inmigrantes dentro del sector, principalmente a través de su derecho al alta en la Seguridad Social. Quintana aseguró que es imposible cuantificar el número de inmigrantes que trabajan actualmente en el sector, si bien calculó que la economía sumergida" alcanza al 70% del sector.
En este sentido, explicó que el promedio de afiliados a la Seguridad Social en el régimen especial de empeladas de hogar se sitúa en los 280.000 personas, mientras que el número de hogares con un trabajador de este tipo superaba en 2006 los 700.000.
Por este motivo, reclamó que se realice "por primera vez" un estudio serio y riguroso sobre el sector, para establecer sus condicionantes y características reales.
COTIZACIÓN
Otra de las sugerencias detallada por Quintana supone que el alta en la Seguridad Social se produzca desde la primera hora trabajada, y no sólo cuando se superen las 18 horas semanales como establece la legislación actual.
Además, la obligación de cotizar ha de estar repartida entre la parte contratante y la contratada, pues según explicó Quintana, actualmente los trabajadores que prestan servicio en más de un domicilio están obligadas a correr con toda la cuota, frente a lo propuesto por Trabajo.
CONTRATOS POR ESCRITO
Quintana resaltó también la necesidad de que la propuesta del Ministerio incorpore la obligación de que todos los contratos se fijen por escrito, de manera que el no hacerlo implique sanciones.
El borrador elaborado por el departamento que dirige Jesús Caldera recoge la necesidad de que los contratos tipo celebrados con los empleados del hogar sean de carácter indefinido y por escrito, frente a la situación actual, donde el contrato tipo es el contrato temporal anual sin causa justificativa.
No obstante, Quintana recalcó que el texto al que las asociaciones han tenido acceso aún reconoce los casos de acuerdo verbal lo que, a su juicio, deja abierta la puerta a "multitud de conflictos" entre empleadores y empleados, sobre todo, a la hora de fijar las condiciones de los contratos indefinidos.
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