La subida del salario mínimo será negativa para la economía, el empleo y la inflación, según Confemetal

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España que proponen UGT y CC.OO (+8% anual en los próximos ocho ejercicios) disparará la inflación y tendrá efectos negativos en el crecimiento económico y el empleo, según se desprende de la nota informativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal).

Según Confemetal, esta subida propuesta por UGT y CC.OO. al Gobierno y a la CEOE habría que sumarla al incremento acumulado del SMI en esta legislatura (29%), lo que colocaría la cuantía total del salario mínimo en 816,5 euros al mes en 2012 y en 1.111,1 euros en 2016.

Para Confemetal, esta subida repercutiría inicialmente en las categorías más bajas que no alcancen el SMI, pero afectaría también "irremediablemente" a toda la tabla salarial por el efecto desplazamiento que se producirá en la masa salarial, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo.

Confemetal considera que la subida del SMI produciría un incremento de las cotizaciones sociales y de otras prestaciones sociales vinculados al mismo, como las relaciones laborales de carácter especial (empleadas del hogar) o contratos para la formación, entre otros muchos.

Además, la confederación recordó también que el SMI es la referencia para las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, las prestaciones a favor de familiares, los requisitos de acceso y mantenimiento de pensiones de viudedad, orfandad y del acceso y mantenimiento de las prestaciones de empleo.

Por todo, la confederación consideró que si llegan a aprobarse las propuestas de los sindicatos o la pretensión sindical de modificar el Estatuto de los Trabajadores para introducir una cláusula automática de revisión del SMI, similar a la que tienen los pensionistas, se disparará la inflación y surgirán "mayores problemas" de crecimiento económico y de creación y mantenimiento de empleo.

Asimismo, señaló que el incremento del 8% anual durante los próximos ocho ejercicios supondría un aumento de los costes laborales unitarios y un deterioro de la competitividad española, así como un número mayor de problemas para la negociación colectiva.