Peor que el año pasado. Es la sensación que tienen la mayoría de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación. Salvo el Acuerdo del 8 de Mayo que mejoró sustancialmente las retribuciones y la estabilidad de los casi 50.000 profesores de la Comunitat, prácticamente todos los agentes sociales denuncian que faltan centros, que es necesaria una mayor agilidad en la cobertura de las bajas docentes y no docentes y que los retrasos en la aplicación de la Ley Orgánica de Enseñanza ( LOE) va a perjudicar el funcionamiento de los centros el año que viene.
No obstante, la peor de las previsiones la realizan en relación a la que la falta de un acuerdo de interinos hará emigrar a los enseñantes a otras autonomías con mejores panoramas laborales. 'La propia administración educativa nos ha reconocido que el 90 por ciento de los profesores interinos de la Comunitat se concentra en Alicante, y más de la mitad en las comarcas de Baix Vinalopó y de la Vega Baja', remarca el presidente del sector de Enseñanza CSI-CSIF en Alicante, José Ramón Garrido.
Con estas cifras y el acusado descenso de plazas docentes en la convocatoria de oposiciones realizada por Educación para 2008 (2.500 puestos en la Comunitat) hacen presagiar un sinfín de dificultades para 'poner al frente de las clases a un interino', remarca el secretario de Enseñanza de CC. OO. de L'Alacantí Les Marines, Alfonso Rodríguez, quien avanza que 'es posible que se realice una emigración de interinos a lugares como la Región de Murcia donde se han convocado 3.000 plazas'.
Desde FETE-UGT se pide 'un estudio serio sobre las necesidades de profesores hasta 2012 en la provincia y, por extensión, en la Comunitat, y no parches que no vienen a resolver nada', especifica su portavoz, Antonio Redero, quien precisa que la presencia de 'plantillas en un colegio en las que el 50 por ciento son interinos no pueden implantar proyectos educativos en orden y acaban siendo papel mojado'.
Otro de los problemas del sistema educativo en la provincia en el que coinciden los sindicatos es en la carencia de nuevos centros y su sustitución por 'aulas provisionales que nosotros llamamos barracones', destaca Alberto Merás, presidente de ANPE.
'Son pocas las licitaciones de obra nueva que se han realizado en los dos últimos meses en la provincia y el resto son proyectos de redacción, etc… Esto evidencia que en vez de ir arreglando las cosas, estamos exactamente igual que en 2006: no se sabe cuándo se construirán los colegios en prefabricadas endémicas como sucede con el Benalúa de Alicante y además, el propio PP de Alicante vota en contra de recibir más ayudas en Les Corts en este asunto', comenta el portavoz del STEPV, Manuel Serrano. A este respecto, el presidente del CSI-CSIF agrega que 'claro que se están haciendo cosas pero la situación en Torrevieja es un desastre y en la Vega Baja es carente de instalaciones adecuadas'. Rodríguez insiste en que 'vamos a peor porque ni se hacen los centros, ni son construidos con calidad o con las plantillas necesarias'.
En este sentido, los retrasos de hasta tres meses de la cobertura de las vacantes de educadores, fisioterapeutas y otras especialistas que no dependen directamente de la administración educativa, están generando un malestar 'reiterado y demasiado patente en un sector muy importante de la comunidad escolar: en los más desfavorecidos', apostilla el secretario de CC. OO.
Esta problemática se deriva, según Educación, en que este personal no docente -que atiende a niños con discapacidad o alumnos de garantía social- depende de Hacienda aunque desde la Conselleria ya se ha anunciado que se está trabajando para asumir estas plantillas sin pasar por otras administraciones, lo cual agilizaría los trámites. 'No es de justicia social que las familias se tengan que hacer cargo de sus hijos con alguna necesidades educativa especial y no sea el sistema educativo el que lo cubra', añade Rodríguez.En lo que respecta a la aplicación de la Ley Orgánica de Enseñanza (LOE), los sindicatos educativos destacan que los retrasos suponen un 'boicot a la propia legislación que repercutirá en el normal funcionamiento de los centros', concreta Manolo Serrano, portavoz del STEPV en Alicante.
Sobre el futuro de la convivencia en las aulas, que vendrá regulada por el Decreto de Derechos y Deberes de alumnos, familias y profesores que prepara la Conselleria, los agentes sociales destacan el aspecto positivo de agilización en las sanciones a los alumnos infractores de la norma pero critican el hecho de 'presentar la creación de unas aulas de los alumnos más conflictivos que se basan en el castigo y no en la integración y que, además, vienen sin el personal cualificado que ayude a mejorar el clima de convivencia en el centro', apostilla el portavoz de FETE-UGT, Antonio Redero. Sobre este decreto, el CSI-CSIF solicita, además, una mayor 'formación del profesorado en mediación' para prevenir la violencia escolar.
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