El acuerdo de concertación supondrá un importante alivio financiero para las políticas de cohesión social que, como la ley de dependencia, estaban en una situación de mayor riesgo a consecuencia de la prórroga presupuestaria. Según consta en los cuadros económicos del nuevo Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA) el pacto sellado por el Gobierno y los agentes sociales destinará 283 millones de euros en cuatro años a la aplicación de la ley de dependencia, que solo en 2008 quintuplicará el gasto previsto respecto al actual ejercicio. En el extenso documento destaca también de forma especial los proyectos vinculados al mercado laboral, con la recuperación de los antiguos planes locales de empleo y proyectos específicos para jóvenes, mujeres maltratadas y personas discapacitadas.
La cohesión social es, de hecho, el apartado más jugoso de la concertación, siempre que se deje al margen un capítulo de inversión en infraestructuras que suma 2.319 millones de euros. Los 364 millones que se destinan a ese área se reparten entre el salario social, que se lleva 81 millones hasta 2011, y la ley de dependencia, que aglutina 283 millones. Esta última partida tiene un significado especial, explican fuentes próximas a la negociación, dado que los fondos previstos para el próximo ejercicio -54 millones- multiplican por cinco la asignación de 2007. La prórroga presupuestaria no deja margen de maniobra para aumentar la cuantía hasta ese margen, por lo que se ha optado por asegurar su ejecución a través de la concertación.
Salario social
Hay que tener en cuenta que, en caso de sucesivas prórrogas, la situación sería más delicada en la medida en que el presupuesto previsto para la ley de dependencia sube a 63 millones en 2009, a 75 en 2010 y a 89 en 2011. Con el salario social sucede algo similar aunque en menor escala, puesto que la progresión económica es de 18, 19, 20 y 21 millones. El ACEBA, en función de lo pactado entre las tres partes, da garantías de que al menos el 75 por ciento de los 283 millones que resultan de la suma final de la ley de dependencia y los 81 del salario social podrán ejecutarse, a expensas del 25 por ciento restante que luego se negocie en la Junta General a través de una ley de crédito extraordinario.
La tramitación de dicha ley con vistas al primer año de la concertación, casi inevitablemente sujeto a la prórroga, amenaza con generar polémica. Según señalan fuentes del Ejecutivo, la intención es presentar en una única ley el conjunto de proyectos a financiar con ese 25 por ciento de fondos aún pendiente, con el fin de forzar a IU y PP a respaldar la totalidad de lo planteado o, por el contrario, a rechazarlo en bloque. En los partidos políticos, por contra, se vería con mejores ojos la posibilidad de que se produjesen distintas votaciones, ante la tesitura de compartir algunas de las iniciativas pactadas y de rechazar otras.
Fuera de la tramitación de esta ley, el análisis del documento sellado entre Gobierno, patronal y sindicatos revela el trato privilegiado que en la concertación se ha querido dar a las políticas de empleo. No sólo destaca el hecho de que asuman la segunda mayor cuantía económica, con 212 millones, sino las nuevas iniciativas acordadas entre las partes. La recuperación de los planes locales de empleo, ahora bajo la denominación de proyectos territoriales, es una de las más relevantes, y beneficiará a los municipios con más de 12.000 habitantes y a los concejos más pequeños que se mancomunen.
El objetivo de estos proyectos, según detalla el texto, tiene que ver con el 'especial interés' que suscita 'la necesidad de aumentar la captación laboral de la población desempleada' en el ámbito local. Esto es, ajustar la oferta laboral al perfil de los demandantes y reducir la lista del paro. La oferta de puestos de trabajo a través de contratos-programa entre el Servicio Público de Empleo y los municipios se complementará con una amplia oferta formativa.
El acuerdo recoge además cuantiosas partidas destinadas a programas específicos. El de empleo para jóvenes se lleva 40 millones de euros, mientras que el orientado a las personas con discapacidad recibe 42,9 millones y el de los parados de larga duración, 20 millones. En el caso de los pactos locales, asimismo, se primará a las mujeres desempleadas y especialmente a aquellas que son víctimas de violencia de género.
Gasto en I+D+i
La concertación recoge otros objetivos ambiciosos. Cerrar 2011 con una inversión en I+D+i que suponga el 2 por ciento del PIB es uno de ellos, junto al reto de instar al Gobierno central a aplicar un IVA 'súper reducido' del 4 por ciento a todas las viviendas protegidas. La promoción de viviendas públicas rondará las 1.070 al año.
Fuera del contenido estricto del ACEBA, el anexo de inversiones pone de manifiesto la intención del Gobierno de garantizar financiación para aquellos proyectos de calado que podrían padecer los efectos de la prórroga. Parte de ellos son la autovía Avilés-Langreo, los accesos a Oviedo y el HUCA o la conexión ferroviaria al aeropuerto.
Incineradora
A ellos se suman otras importantes infraestructuras, caso de los túneles de Riaño, la ZALIA, el centro Oscar Niemeyer, el centro de interpretación de Tito Bustillo o el circuito Fernando Alonso.
En el apartado de las infraestructuras relacionadas con el medio ambiente se incluyen proyectos singulares y, en algunos casos, polémicos. Es el caso de la incineradora de Cogersa en Serín, que no aparece bajo ese nombre sino con el epígrafe 'Planta de aprovechamiento de residuos no reciclados'. En realidad, y según precisan fuentes próximas a la negociación, no se trata del proyecto de la incineradora en sí mismo, sino que abre la puerta a su puesta en marcha en función de los estudios que en estos momentos están en marcha. En cualquier caso, también permite el impulso a una opción alternativa de tratamiento de residuos si dichos informes así lo aconsejan.
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