Las negociaciones entre Gobierno, sindicatos, organizaciones agrarias y empresas parecen no avanzar y haberse estancado en torno a la base de cotización de los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) por cuenta ajena, sobre todo, la que tiene que pagar el empresario.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, propició un nuevo encuentro entre todas las partes afectadas para negociar una integración paulatina y no traumática del Reass en el Régimen General, sin embargo, los asistentes al encuentro afirmaron a Efeagro que 'no hubo avances'.
El 1 de enero de 2009, fecha tope fijada para integrar el Reass por cuenta ajena en el General, se acerca inexorablemente, pero los sindicatos CCOO y UGT quieren llegar a esa fecha con parte del trabajo hecho, es decir, que el incremento de las bases de cotización no supongan un problema para el sector.
Denunciado por los sindicatos como un régimen obsoleto, que data de los años 70, el Reass debe ser mejorado, opinión que comparten también las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA que son conscientes de que hay que mejorar las condiciones y prestaciones de los trabajadores agrarias para dotar de estabilidad el empleo en el sector.
Sin embargo, la parte empresarial, según los sindicatos y las propias organizaciones agrarias, es la que está poniendo más trabas para tratar de aclarar esta situación, con la que se ha comprometido el actual Gobierno que incluso subvencionaría el aumento de coste que esa integración puede suponer al empresario.
La integración supondrá rebajar la parte que paga el trabajador al 4,7%, cuota que se corresponde con el salario medio de algo más de 800 euros del sector -la cotización actual se correspondería con un sueldo de 1.700 euros-.
Pero también incrementar la parte que paga el empresario que pasaría del actual 15,5% hasta casi el 30% del régimen general y aquí es donde, según sindicatos y organizaciones agrarias, está el problema.
A pesar de que la Administración sigue con su oferta de subvencionar el sobrecoste que ese incremento de la cotización podría ocasionar a las empresas, pero sólo si se firman contratos fijos o fijos discontinuos de más de dos meses de duración y que el salario fuera 200 euros superior al mínimo.
Según la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (FA-CCOO), Cecilia Sanz, sobre un salario medio real de 830 euros el empresario tendría que pagar unos 27 euros más y el Gobierno estaría dispuesto a subvencionar este sobrecoste.
El secretario de Empleo y Protección Social de la Federación Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores (FA-UGT), Miguel Rodríguez, confío en que antes de las elecciones las partes implicadas puedan llegar a un acuerdo para presentárselo al Gobierno resultante de las elecciones de marzo, aunque no escondió su decepción sobre los escasos avances en la negociación.
El responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andoni García, indicó que hay que seguir trabajando sobre las bases de cotización, porque afecta en positivo al trabajado al mejorar sus prestaciones que serán similares al resto de regímenes.
La responsable de los Servicios Técnicos de la Seguridad Social Agraria de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ana Isabel Batanero, aseguró que son conscientes de que hay que llegar a un acuerdo, aunque la integración debe ser de forma gradual, porque de lo contrario, el aumento de costes sería muy grande para las explotaciones.
El próximo 6 de febrero, sin Administración, habrá un nuevo encuentro entre sindicatos, organizaciones agrarias y empresarios, para ver cómo se puede avanzar para mejorar una situación discriminatoria para el trabajador por cuenta ajena del Reass.
Cuando un trabajador agrario cae enfermo cobra sólo un 60% de lo que cobraría uno del general, apenas 360 euros frente a 668 euros y su jubilación es una de las más bajas del sistema, unos 500 euros al mes.
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