Hacienda va a ensayar nuevas fórmulas en la lucha contra la economía sumergida. La Agencia Tributaria pondrá en marcha un plan conjunto con la Seguridad Social para intentar que aflore la actividad económica oculta.
Aunque oficialmente no está cuantificada, la economía sumergida en España es de las más voluminosas de la Unión Europea (entre el 20% y el 25% del producto interior bruto, según estimaciones comunitarias). La magnitud de este fenómeno ha llevado a las autoridades tributarias al convencimiento de que es mejor aliarse con otras administraciones para sacarlo a la luz.
La medida, anunciada ayer por el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, prevé un rastreo de actividades sumergidas en todos los sectores. Más allá de la generalización, Pedroche aludió a "determinados polígonos industriales" donde se puede estar desarrollando una labor en la sombra. Las actuaciones se desarrollarán en "las zonas económicamente más dinámicas", según explicó el director en unas jornadas sobre fiscalidad organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
El acuerdo permitirá un cruce de información más eficaz entre dos administraciones que investigan fraudes distintos. La Seguridad Social verifica si las empresas abonan las cotizaciones sociales por sus trabajadores, mientras la Agencia Tributaria realiza el seguimiento de impuestos como el de sociedades -el que pagan las compañías por sus beneficios- o el IRPF de los empleados. Así, una empresa puede estar al corriente de los pagos a Hacienda pero no de los que corresponden a la Seguridad Social o viceversa. La actuación conjunta multiplicará las oportunidades de tirar del hilo y descubrir empresas que operan al margen de la legalidad.
La Seguridad Social precisa que ya se intercambia información con Hacienda, pero en otros ámbitos diferentes al de la economía sumergida. Con el plan anunciado por Pedroche se amplía una colaboración que hasta ahora ha sido habitual, señala una portavoz de este organismo. La medida de colaboración permitirá sumar las actuaciones de los inspectores de Hacienda (casi 1.600 en total) y de los 854 de Trabajo y Seguridad Social. Con ese personal, la Seguridad Social investigó el año pasado a 68.737 empresas y descubrió un fraude de 101,9 millones de euros. A falta de los datos definitivos de la Agencia Tributaria, este organismo espera haber cerrado 2007 con un récord de recaudación de 6.000 millones de euros provenientes de la lucha contra el fraude fiscal.
Además de esta actuación contra la economía sumergida en general, la Agencia Tributaria seguirá situando el foco de sus investigaciones en el sector inmobiliario. Un 30% de sus recursos se destinará a escudriñar esta actividad, uno de los principales refugios del fraude. Los inspectores cuentan este año con la información de 82.000 promociones inmobiliarias para detectar posibles divergencias entre los precios de compraventa declarados y los reales. Se trata de una especie de fichas sobre los costes de estas promociones en función de la ubicación, la calidad de los materiales utilizados… Si los precios declarados en la venta de esos inmuebles son muy similares, incluso inferiores a los costes en los que han incurrido las promotoras, los inspectores dispondrán de un indicio poderoso de fraude fiscal. En esos casos, el vendedor declara unos ganancias inferiores a las que realmente obtiene para reducir el pago que corresponde a Hacienda por ese beneficio.
En la misma jornada sobre fiscalidad, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, detalló el coste que tendrá para las arcas públicas extender a los autónomos la deducción de 400 en el IRPF que el PSOE ha prometido si gana las elecciones. A los 5.000 millones iniciales atribuidos a esa medida, en principio para trabajadores y pensionistas, habrá que sumarle entre 700 y 1.000 millones más. Ocaña rehusó dar detalles de cómo se realizará la devolución para este colectivo, pero aseguró que estará lista en junio, como para el resto de beneficiarios.
El responsable de Hacienda confirmó que se va a eliminar el impuesto de patrimonio si el PSOE gana las elecciones, una cuestión que suscita algunas dudas al director general de Tributos, José Manuel de Bunes. "Su desaparición eliminaría elementos de control y de comprobación que existen actualmente", advirtió.
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