El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, advirtió ayer de la necesidad de realizar un "cálculo preciso" de los costes que acarreará el futuro sistema de protección por cese involuntario de actividad de los trabajadores autónomos, ya que, recordó, "los ingresos se cobran una vez, pero los gastos se generan de forma permanente".
En este sentido, pidió "prudencia" en la forma de planificar este sistema, aunque también "ambición" en los objetivos que persigue.
Granado lanzó esta advertencia durante la presentación de la comisión de expertos que elaborará el informe específico previo a la creación de este sistema de protección, que deberá desarrollarse antes del próximo 12 de marzo, un año después de la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo. Así, la comisión se encargará de valorar, entre otras cuestiones, la posibilidad que la prestación pueda conllevar, en algunos casos, la jubilación anticipada.
El secretario de Estado de la Seguridad Social consideró, por tanto, que la comisión deberá "reflexionar y ponderar" las "dificultades económicas" y "consecuencias económicas" que estas prestaciones podrían tener para el sistema de protección social, incluso en el "gozoso" momento que vive en la actualidad.
NO ES UNA "AMENAZA", SINO UNA "OPORTUNIDAD"
Sin embargo, Granado llamó también a abordar este "desafío", más que como una "amenaza" para la sostenibilidad futura del sistema, como una "oportunidad" para alcanzar el "horizonte" marcado por el Pacto de Toledo, de establecer sólo dos únicos regímenes de protección –de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia– y prestaciones "similares" para ambos.
Con todo, Granado señaló que esta equiparación siempre estará condicionada por "diferencias inevitables" que, en todo caso, deberán "tender al matiz y no a la exacerbación".
Por otro lado, el secretario de Estado de la Seguridad Social precisó que la comisión encargada de diseñar el sistema de prestaciones por cese involuntario de la actividad deberá salvar las dificultades que plantea la necesidad de concretar esta "voluntariedad" en las diferentes situaciones.
Por su parte, el secretario general de Empleo, Antonio González, también presente en el acto, precisó que el sistema de protección que se confeccione deberá cumplir con el principio de "aceptabilidad", es decir, que sea aceptado por todos los autónomos.
Al respecto, las asociaciones de autónomos, que acudieron a la presentación de la comisión, expresaron que el colectivo es consciente y acepta la necesidad de determinar una serie de cotizaciones para mejorar las prestaciones. Si bien, el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño, instó a la comisión a que clarifique "cómo se va a pagar para cobrar".
LOS AUTÓNOMOS ESPERAN LA GESTIÓN DE LAS MUTUAS
Por otro lado, las principales asociaciones de autónomos se mostraron conformes con la posibilidad de que la gestión de las prestaciones para los autónomos por cese involuntario de la actividad recaiga en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Así, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aseguró que la organización se ha decantado por una gestión mixta, especialmente apoyada en la Mutuas, con el fin de dotar de mayor seguridad al sistema y evitar "la picaresca". Además, Amor confirmó que ATA ya ha entablado conversaciones con las Mutuas y ha constatado que éstas estarían "encantadas" de hacerse cargo de la gestión.
Por su parte, el secretario general del la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, mostró su preferencia porque la gestión sea pública y aseguró que "no importa" que dependa directamente de las Mutuas, siempre que la Seguridad Social garantice la seguridad del sistema.
TODOS CONFORMES CON LA COMISIÓN
La comisión de expertos, que según Trabajo ya ha iniciado la elaboración del informe que se la encomendado, estará compuesta por el director del Departamento de Trabajo y Seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Fernando Valdés Dal Re; el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Salvador del Rey; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada, Santiago Carbó; y el director del Seminario Ortega y Gasset de Empleo, Valeriano Gómez.
Según Amor, el comité ha sido consensuado con las organizaciones de autónomos, con lo que tendrán "el apoyo de todas ellas" con la esperanza de que publique su dictamen antes del próximo mes de septiembre. Por su parte, Reyna aseguró que la composición de este grupo de expertos es "equilibrada" y confió en que sea capaz de aclarar en qué condiciones se podrá acceder y cómo se articularán las prestaciones.
En la misma línea, el presidente nacional de la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA), Camilo Abiétar, aseguró estar "totalmente de acuerdo" con la composición de la comisión y confió en que ésta desarrolle su trabajo "lo antes posible".
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