Comisiones Obreras (CC.OO.) solicitó hoy a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que emprenda una reforma del actual sistema de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El sindicato considera que el proceso judicial abierto a Mutua Universal por fraude a la Seguridad Social "pone de manifiesto la necesidad ineludible" de la reforma, según señaló CC.OO. en un comunicado.
El sindicato pide un cambio en el funcionamiento y la gestión de estas entidades que gestionan recursos y prestaciones públicas de forma privada y "sin la participación de los destinatarios de los servicios: los trabajadores".
CC.OO. considera que las auditorias de seguridad social son un mecanismo "lento, limitado y que sólo han encontrado irregularidades a partir de denuncias", y denuncia que el fraude detectado en Mutua Universal no fue localizado por las auditorias de la Intervención de la Seguridad Social.
Por esto, el sindicato pide que se acabe con la competencia de las mutuas por captar empresas que provoca "todo tipo de malas prácticas por conseguir pólizas" y la inviabilidad del Código de Buenas Prácticas firmado por ellas.
Asimismo, CC.OO. reclama el retorno de la gestión de enfermedades comunes al sistema público de salud y la garantía en el control de los recursos públicos que manejan las mutuas mediante la presencia continua de la Seguridad Social en su gestión.
Por último, se pide la "democratización" de las mutuas dando a los trabajadores la posibilidad de participar en la elección de mutua y a sus representantes sindicales, presencia y participación en las juntas directivas "en igualdad de condiciones con los empresarios".
El sindicato recuerda que son los trabajadores los que financian con sus cotizaciones a la Seguridad Social estas entidades a las que piden que ofrezcan servicios y prestaciones "de calidad, con mentalidad de servicio público y con plena profesionalidad e independencia".
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha introducido nuevas normas de funcionamiento contable para todas las mutuas para dificultar la discrecionalidad y las malas prácticas en la gestión financiera de estas entidades. El nuevo reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2008, obliga a las mutuas a aplicar el Plan General de Contabilidad Pública y el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
El proceso judicial abierto a Mutua Universal sitúa en unos 291 millones de euros la cantidad presuntamente defraudada por esta entidad a la Seguridad Social en el periodo de 1999 a 2007.
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