La huelga de funcionarios de Justicia cumple ya veinte días. El balance: retrasos, 30.000 causas pendientes y 50.000 actuaciones en suspenso. La Asociación Profesional de Magistradura (APM) ha advertido el domingo en La Razón que las demandas –equiparación de salarios– son "razonables". Culpan a la "cicatería" del ministerio que dirige Bermejo de éste y de otro problema, la difusión de una mala imagen de la institución.
Los 9.500 funcionarios en huelga, pertenecientes a siete comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares) además de Ceuta y Melilla, afecta también a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil, los Juzgados de lo Contencioso y el Instituto Nacional de Toxicología. Los sindicatos reclaman el mismo salario que cobran sus compañeros en las autonomías con las competencias de Justicia transferidas (que ganan de media 2.400 euros más anuales).
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