Los trabajadores en huelga de los vertederos de Granada abandonarán hoy temporalmente las instalaciones de la Diputación Provincial, donde llevan encerrados desde el pasado 28 de febrero, para concentrarse frente a la planta de residuos de Alendhín en protesta por "la negativa de la institución regional a intervenir en el conflicto", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase legal la huelga de dichos trabajadores.
Según indicó a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, Antonio Jesús Jaime, el próximo lunes representantes de la sección provincial de CCOO se reunirán con el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas, con objeto de solucionar el conflicto.
Los empleados demandarán a Rivas que medie en dicha situación ya que éste participó en la firma del convenio colectivo junto a su homólogo en Granada, Luis Rubiales, y representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con la que los trabajadores y sindicatos mantienen un litigio desde hace más de un mes por "el rechazo de la patronal a subir los salarios fijados en el convenio colectivo".
Así, Jaime espetó que los empleados quieren "que Rivas vea lo que pasa aquí, con decenas de personas en huelga sin cobrar su sueldo por estar pidiendo lo más sencillo, que es que el cumplimiento de un convenio que ya está firmado". En este sentido, comentó que también tienen previsto dirigir estas peticiones al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Los empleados del servicio de tratamiento de residuos se mostraron "decepcionados" después de que la organización supramunicipal les comunicase ayer que "no va a intervenir en el conflicto", apostilló el presidente del comité de empresa. "En su momento dijeron que el apoyo del TSJA era lo que faltaba para que nos apoyaran y, una vez que la sentencia nos avala, ahora dicen que el conflicto no es suyo", aseveró.
Jaime, que calificó de "oportunista" el "apoyo que antes de las elecciones daba el presidente de la Diputación", manifestó que "ésta es responsable de los vertederos porque es un servicio público y porque debe evitar los delitos medioambientales que se están cometiendo".
Por ello, reclamó "que hagan a FCC cumplir el convenio, que rescindan el contrato o que vayan al fondo de la cuestión, esto es, que aprueben la subida de precios por toneladas de residuos que estaba prevista para 2008".
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