Los sindicatos CC.OO. y UGT reclaman que el plan extraordinario para hacer frente al paro registrado se financie vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no ampliando el crédito a los Servicios Públicos de Empleo (SPE), como especifica el borrador remitido por el Gobierno a los agentes sociales el pasado 29 de febrero.
Además, lo estiman insuficiente, ya que, en su opinión, el reforzamiento de los SPE y de las políticas activas de empleo deberían acometerse con carácter permanente, más allá del año 2008, como se prevé, y tendrían que dirigirse a todos los desempleados, no sólo a los del sector de la construcción.
Estas son algunas de las impresiones de ambos sindicatos, que junto a CEOE mantuvieron un primer encuentro el pasado lunes con el Gobierno para valorar el plan, con vistas a su posible aprobación en el primer Consejo de Ministros de la legislatura, el próximo 11 de abril.
Concretamente, ambos sindicatos recuerdan que el conjunto de las políticas activas de empleo y el personal del SPE estatal se financian actualmente a través de las cotizaciones sociales y con una pequeña aportación del Fondo Social Europeo, sin que el Estado destine prácticamente ningún recurso por vía presupuestaria.
En este sentido, la organización liderada por José María Fidalgo subraya en un documento en el que se valora el borrador, al que tuvo acceso Europa Press, que los SPE no podrán salir de la situación de déficit en la que se encuentran si también tienen que asumir el coste de contratación de los 1.500 orientadores previstos en el texto remitido por el Gobierno.
Por su parte, fuentes del sindicato liderado por Cándido Méndez explicaron a Europa Press, que el presupuesto de gastos del Inem, que se dedica al pago de prestaciones sociales, subsidios y a la puesta en marcha de las políticas activas de empleo del SPE, se financia únicamente con las cotizaciones de los trabajadores, e insistieron en la necesidad de separar las fuentes de financiación y de costear dichas políticas desde el Estado.
"Es necesario que (el plan) vaya contra los impuestos de todos los ciudadanos y los PGE porque sería la solidaridad de todos con los parados y no sólo la solidaridad de los trabajadores a través de sus cotizaciones", señalaron las mimas fuentes, para quien el único problema sería la reforma legal que supondría la financiación estatal de este tipo de medidas.
PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS
En el capítulo de propuestas, tanto UGT como CC.OO. consideran que la contratación de 1.500 orientadores debería ser estable ya que su finalidad -realizar itinerarios personalizados y captación de ofertas de empleo- forma parte de las funciones permanente y básicas de los SPE "en cualquier coyuntura".
Además, CC.OO. considera que, en lugar de dar una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses a aquellos desempleados que sigan un itinerario de inserción, cuando no sean beneficiarios de prestaciones y carezcan de rentas superiores al IPREM, debería incluirse a estas personas como como beneficiarios de la Renta Activa de Inserción, que plantea requisitos similares y es de mayor cuantía y duración (413 euros durante 11 meses).
Además, el sindicato liderado por José María Fidalgo cree que "lo mas adecuado" sería retomar los compromisos en materia de SPE y políticas activas de empleo contenidos en la reforma laboral, que, asegura, hasta ahora no se han cumplido. Otras peticiones de CC.OO., son la constitución de los órganos consultivos del Sistema Nacional de Empleo, el Consejo General y la Comisión Permanente, previstos en el correspondiente Real Decreto de enero de 2007.
Por su parte, desde UGT apostaron por desarrollar medidas de política económica para crear empleo en la economía española, con inversiones a corto plazo en VPO, en infraestructuras o a través de la rehabilitación de cascos urbanos antiguos, y destacó la necesidad de destinar parte de los desempleados a determinados equipamientos públicos, como los puestos de trabajo derivados de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia o a la educación.
LAS MEDIDAS SE QUEDAN CORTAS
Por otro lado, ambas fuerzas sindicales coinciden en que, aunque el plan está concebido para todos los desempleados, las manifestaciones públicas del Gobierno sólo se refieren a los parados de la construcción. Más aún, el borrador adjunta una tabla en la que sólo se especifican ocupaciones que podrán absorber el personal administrativo y de ventas del sector inmobiliario y a los trabajadores de la construcción.
"El plan tiene que dirigirse a todos los desempleados, no se puede tener preferencias", señalaron las fuentes de UGT, para después destacar la importancia de diseñar acciones preventivas que impidan los repuntes del desempleo en determinados sectores de la actividad económica.
Además, tanto UGT como CC.OO. echan en falta medidas de mayor calado y entienden que muchas de las ideas previstas en el borrador ya existen en la legislación vigente y están pendientes de desarrollo.
Es el caso de las medidas dirigidas a facilitar la movilidad geográfica de los trabajadores, posibilidad que, según CC.OO., ya se contempla en la vigente Ley de Empleo, aunque no ha sido desarrollada y que, por otra parte, el borrador remite a un real decreto nuevo.
Asimismo, el Real Decreto que regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo contempla planes de oferta para sectores en declive, así como acuerdos con empresas para impartir formación con compromisos de contratación, lo que evidencia, según CC.OO. el "grave retraso" existente en el desarrollo de una oferta de formación acreditada.
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