El acceso rápido e igualitario a la justicia es un derecho básico y fundamental de todo sistema democrático. En nuestro país, la constitución de 1994 no sólo consagra este derecho, sino que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos -que lo incluyen- por sobre el derecho interno.
Sin embargo, y a pesar de su amplio reconocimiento, la realidad indica que no todos los ciudadanos pueden gozar de este derecho.
Es por ello que, ante la ausencia de recursos estatales suficientes para atender las necesidades legales básicas de todos los ciudadanos por igual, los abogados tienen un rol que cumplir.
La profesión legal ocupa un lugar privilegiado y esta posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia. Los abogados, en nuestro país, ocupan un amplio porcentaje de los cargos electivos en el Congreso y el en el Poder Ejecutivo, y asimismo poseen el monopolio del acceso al Poder Judicial.
Eso les da la responsabilidad, los medios y la oportunidad para colaborar con el Estado en promover un sistema legal más justo y equitativo.
Aquellos objetivos pueden ser llevados a cabo a través de los servicios legales pro-bono, que son aquellos mediante los cuales se proporciona gratuitamente o con honorarios sustancialmente reducidos, asistencia y representación jurídica a personas de escasos recursos o a entidades organizadas.
La expresión pro-bono deriva del latín y significa por el bien público. En general el trabajo pro-bono consiste en la representación legal de casos individuales, así como también en temas que trascienden el interés particular y proyectan sus efectos a sectores más amplios de la comunidad, como el derecho de los consumidores, ambiental, salud, y educación.
Desde hace algunos años, varias instituciones en el país y en la región vienen trabajando conjuntamente para institucionalizar el trabajo pro-bono. En este sentido, cada vez más abogados dedican horas de trabajo a temas vinculados a esa práctica.
Sin embargo, el trabajo pro bono no es aún reconocido y aceptado como norma general. Hasta el momento no existe regla alguna sobre responsabilidad profesional en el código de ética de los abogados de matricula en la Capital Federal.
A pesar de ello, ya se encuentra recibiendo adhesiones la Declaración de Trabajo Pro-Bono para el Continente Americano, que entró en vigor el 1ero de enero de 2008.
Esta iniciativa es liderada por el Vance Center de la Asociación de Abogados de la Ciudad de New York, abogados, colegios de abogados, ONGs y universidades en la región.
La declaración consiste en el reconocimiento, por parte de los firmantes, de que los abogados tienen la responsabilidad de prestar servicios legales pro-bono gratuitamente y sin expectativas de recibir pago, beneficiando principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten.
Asimismo, los firmantes se comprometen a aportar anualmente un mínimo de 20 horas o 3 días de servicios legales por abogado.
Esta declaración constituye la primera de su clase en Latinoamérica y en nuestro país ya cuenta con el apoyo de casi una docena de los grandes estudios jurídicos, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las principales escuelas de derecho de la ciudad.
Cómo funciona en Estados Unidos
En algunos países de tradición de common law, como los Estados Unidos, existe una larga tradición de provisión de servicios legales pro-bono, la cual forma parte de las normas éticas y de responsabilidad social profesional establecidas y aceptadas por los miembros de la profesión.
Es así que la Asociación Americana de Abogados (ABA), adoptó una regla por la cual un abogado debiera dedicar 50 horas de servicios legales pro-bono anualmente.
Esta regla es replicada en las asociaciones estaduales que regulan la matricula de los profesionales de cada jurisdicción y, sin bien no es obligatoria, influye en el comportamiento de los abogados.
En este sentido, los grandes estudios jurídicos norteamericanos se comprometen a dedicar entre el 3% y el 5% de sus horas facturables a temas pro-bono.
Romina Grinberg
Abogada especializada en Políticas Públicas
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