Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) avisan de que los 2.119 puestos de nueva creación previstos en el Ministerio de Hacienda y en la AEAT difícilmente cumplirán lo dispuesto en la ley de prevención del fraude fiscal, máxime teniendo en cuenta la oleada de jubilaciones de la generación del baby boom que se espera para los próximos años. En concreto, sin contar con las bajas por excedencias, enfermedad u otros motivos, el 26,7% de la plantilla de la AEAT se jubilará en los próximos cinco años.
Una advertencia que los técnicos realizan tras la publicación del Real Decreto que aprueba la Oferta de Empleo Público de 2023. No obstante, los técnicos consideran que el Gobierno ha realizado un gran previsión de aumento de plantillas en la Administración del Estado y pretende acelerar tanto la publicación de las convocatorias como el desarrollo de las mismas.
En este sentido, los técnicos recuerdan que la Disposición Adicional Sexta de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal obliga a que las Ofertas de Empleo Público en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General del Estado, Tribunales Económico Administrativos y en la Dirección General del Catastro alcancen en ocho años, es decir en 2029, la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea.
En cualquier caso, los técnicos sostienen que la plantilla de la Agencia Tributaria sigue ocupando el último lugar de la Unión Europea en los ratios de personas destinadas en el control tributario utilizados por la OCDE en su último informe referido al año 2020.
Con arreglo a los datos de la tabla anterior se puede calcular una estimación para la AEAT de unas 44.500 personas desempeñando funciones tributarias y generales, que, contando con las personas de apoyo y servicios, subirían a casi 57.000 personas las que conformarían la plantilla total de la AEAT en España para alcanzar la ratio de plantilla media ponderada en la UE.
Por diferencia con la plantilla actual de la AEAT, se puede calcular el aumento de unas 31.000 personas de nuevo ingreso en la AEAT en los próximos años hasta 2029 para cumplir la previsión de la Ley de prevención del fraude fiscal, de las cuales unas 24.000 personas desempeñarían funciones tributarias y generales.
Economía sumergida
En paralelo, se estima que la economía sumergida española oscila entre los 230.000 y los 240.000 millones, al alcanzar en 2021 el 16,9% del PIB, frente al 14% de media ponderada de la UE. Y se prevé que continúe al alza por el efecto de la inflación y de la crisis energética. Por ello, Gestha propone que en los próximos años se intensifique la promoción interna de los empleados públicos que ya han accedido por oposición a la AEAT y al Ministerio de Hacienda, demostrando sus conocimientos y habilidades con la evaluación del trabajo desarrollado, lo cual es compatible con la integración en un cuerpo superior técnico de Hacienda que reconozca la alta cualificación y el trabajo desarrollado por los técnicos desde hace décadas.
En este sentido el Real decreto que aprueba la Oferta de empleo Público de 2023 establece que en las convocatorias de los procesos selectivos por promoción interna se establecerá la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al cuerpo o escala de origen. Asimismo, los temarios se adaptarán y se procurará la realización de ejercicios eminentemente prácticos y de respuesta alternativa o razonada para evaluación de conocimientos y competencia. Y en la fase de concurso, se evaluarán los méritos que pongan en valor y guarden mayor relación con la carrera profesional desarrollada por las empleadas y empleados públicos.
En este escenario, Gestha estima que unos 6.200 millones de euros anuales podrían recaudarse mediante una profunda reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público y desplazar la objeto de la comprobación e investigación del autónomos y PYMES hacia la evasión de grandes fortunas y multinacionales.
Con tal fin, Gestha viene proponiendo algunas medidas para mejorar la eficiencia del control del gasto, entre las que destacarían el refuerzo de la Intervención General del Estado para garantizar la transparencia y eficacia del control del gasto público, reforzando el control permanente y auditoría, incluidos todos los entes públicos que se financien con recursos públicos; el establecimiento de un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto y del órgano de control que evite dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco eficientes; o la mayor coordinación de los órganos de control del gasto de las administraciones estatal y territoriales, con publicidad de la actividad desarrollada y de las cuentas públicas.
Finalmente, en cuanto a la lucha contra el fraude, los técnicos proponen evaluar la economía sumergida en España con un control por las Cortes Generales de los resultados de la reducción de dichas tasas; estrechar la coordinación y colaboración entre las Administraciones Tributarias Estatal y de las Comunidades Autónomas, así como la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida; igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados; crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para aumentar la eficacia en la prevención y reducción del fraude y del control del déficit público; y equiparar la plantilla de la Agencia estatal Tributaria a la media de los países europeos de nuestro entorno.
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