Cada vez son más las empresas que recurren a sus empleados para informar de las conductas abusivas o ilegales que se puedan dar en su seno, porque están constantemente en contacto con la realidad empresarial y son más capaces de identificar comportamientos poco éticos.
La ley de protección del informante pone el foco en ellos, para protegerlos y darles mayor confianza. Pero supone un cambio de paradigma, pues aún existen prejuicios alrededor de las personas que sacan a la luz las infracciones normativas. En nuestro último Coffee Break hemos entrevistado a Daniel Blanco, Director del Área Legal en Audalia Nexia, para que nos cuente las claves que deben seguir las organizaciones para cumplir con la ley y las dudas que más ha generado, así como su capacidad para generar un cambio de mentalidad y asentar culturas corproativas éticas.
¿Qué exige la ley de protección a informantes?
Blanco nos explica que la Ley 2/2023 de Protección Integral de Informantes exige ciertos requisitos, siendo el más básico el de establecer el uso de un canal digital de información o denuncias. Estas herramientas deben garantizar el anonimato de la denunciar y la confidencialidad del informante, además de proteger a la persona denunciada en base al principio de presunción de inocencia.
Pero el uso de un canal de denuncias no es, ni debe ser, suficiente, matiza Blanco. Hay que crear un protocolo que especifique cómo actuará la organización cuando se produzca una denuncia, así como las medidas que llevará a cabo en función de los resultados de la investigación. El objetivo, recuerda Blanco, ha de ser crear un sistema de información de prevención y detección, y comunicarlo internamente, para fomentar una cultura ética.
¿Hay canales de denuncia mejores que otros?
¡No te pierdas la entrevista completa!
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