Fundación Alares se suma a las reivindicaciones de las asociaciones españolas de personas con discapacidad pidiendo un diálogo con el Gobierno para analizar el anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad.
Dicha reforma prevé derogar parte de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad y esto afectaría a las empresas ordinarias, de forma indirecta, y a unos 2.300 centros especiales de empleo; los cuales dan trabajo a más de 98.000 personas con discapacidad.
Efecto de doble discriminación: por edad y discapacidad
Según los últimos datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la población de ocupados, de las personas sin discapacidad, que se encuentran entre la franja de edad de 45 y 64 años, trabajan un 47,1%. Mientras que de las personas con discapacidad con la misma edad trabajan el 66,8%, una cifra superior que demuestra que los incentivos al empleo para personas con discapacidad sí funcionan y, además, tienen un efecto muy positivo en las personas senior con discapacidad. “Si tenemos en cuenta el dato que da el informe del INE sobre el número total de personas en el empleo protegido nos lleva a la conclusión de que los Centros Especiales de Empleo también favorecen al empleo de las personas mayores con discapacidad, ya que la discriminación por edad es sensiblemente inferior al de la empresa ordinaria”, ha explicado Mar Aguilera, Directora de Fundación Alares.
Las personas con discapacidad son una clase activa
Otro aspecto a tener en cuenta, según Fundación Alares, es la pérdida del empleo que supondría retirar las bonificaciones, actuales, a los Centros Especiales de Empleo. Esto conllevaría a la reducción de las recaudaciones derivadas por estos empleos, por las tributaciones a la Seguridad Social y el IRPF con las que contribuyen las personas con discapacidad. Por eso, Fundación Alares alerta de las “consecuencias nefastas desde el punto de vista macroeconómico y social”, que va a afectar a las personas más vulnerables, las más sacudidas por la inflación y por las circunstancias económicas actuales.
Impacto en miles de empleos indirectos
Según datos del último estudio de la CONACCE, más de 16.000 personas sin discapacidad trabajan en los Centros Especiales de Empleo, por lo que estos puestos también peligrarían y supondrían unas pérdidas en cotización a la Seguridad Social, además de un mayor gasto a las arcas del estado al necesitar protección social. Además, esto también tendría un impacto negativo en los proveedores de diversos sectores que estas empresas contratan.
Créditos ICO: el anteproyecto de ley se podría llevar a muchas empresas
Según Mar Aguilera, “habría también que tener en cuenta cuántos Centros Especiales de Empleo y con qué deuda se han visto obligados a solicitar créditos ICO para sobrevivir durante la pandemia”. El 80% del importe recibido tiene el aval del Estado y el 20% restante, si está avalado por sus socios, generará un mayor índice de pobreza. Por eso, advierte que “este anteproyecto de ley se podrá llevar a muchas de estas empresas”. En definitiva, Fundación Alares alerta de la destrucción masiva de puestos de trabajo que supondría esta modificación.
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