La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), que representa a 471 asociaciones y empresas que prestan servicios a personas con discapacidad, quiere expresar su disconformidad con la modificación del Real Decreto 818/2021 que amplía de un año a dos el plazo que otorgaba a las comunidades autónomas para que realicen las adaptaciones que resulten necesarias de la normativa de cada uno de los programas comunes de activación para el empleo.
En concreto, el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, en su disposición final tercera ha procedido a modificar la disposición final novena del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, ampliando el plazo para la adaptación normativa de un año a dos años, justo cuando se cumplía el plazo para que las comunidades autónomas realizaran este ajuste.
Esta ampliación del plazo a dos años supone que los incrementos de la financiación previstos en el Real Decreto 818/2021 no se podrán materializar de la forma prevista inicialmente, lo que implica grandes dosis de inseguridad jurídica para nuestras entidades, que ya habían previsto estas actuaciones, y probablemente situaciones de desigualdad territorial.
El Ministerio ha realizado esta modificación sin contactar con las organizaciones de la discapacidad. La mejora en la financiación aprobada por el Gobierno hace más de un año era asumida por el sector en un momento de gran inestabilidad económica. Sin embargo, ahora no es posible saber si se van a poder abordar los incrementos, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas que ya han realizado la adaptación normativa, ni si se va a incrementar la financiación para todos los territorios.
«Desde AEDIS vamos a contactar con el Ministerio de Trabajo para ver cómo se va a abordar esta situación y vamos a reclamar que den curso a la financiación de aquellas comunidades autónomas que hayan realizado la adaptación de su normativa. También queremos dejar constancia que aquellas comunidades que no habían realizado su adaptación son responsables del perjuicio causado a las entidades del sector e instamos a que agilicen el proceso», afirma Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.
Para Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusion, «esta decisión unilateral del Gobierno afectará en última instancia a un colectivo de personas tradicionalmente castigado en su acceso al empleo, como es el de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que necesitan especialmente estas políticas de activación del empleo».
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