Durante los últimos meses, el Gobierno español ha estado trabajando en una batería de leyes laborales que van desde la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales, que pretende culminar con el Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, hasta un nuevo Estatuto del Becario.
En este contexto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía, anunció que el estatuto podría incluir “la compensación de gastos, por ejemplo cuando los estudiantes utilicen su propio ordenador; o la eliminación de los falsos becarios y el reconocimiento de derechos en el ámbito de la Seguridad Social”.
“Es importante que cualquier vínculo laboral se encuentre legislado, para que becarios y becarias puedan, al menos, percibir viáticos y coste de materiales de trabajo”, señala Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting.
Todo ello se desarrolla en un país como España que tiene el segundo mayor paro juvenil de la Unión Europea (UE), concretamente del 29,8% entre los menores de 25 años. Y con los índices de emancipación más tardíos del ‘Viejo Continente’: los españoles se van de casa de sus padres pasados los 29 años.
Para Charton, es importante que los acuerdos laborales sean similares para todos: “están queriendo acercarse a lo que fue la ley de trabajo a distancia y que las empresas asuman parte de los costes cotidianos, los cuales asumían hasta ahora los becarios, especialmente aquellos que realizan prácticas no remuneradas”.
Según datos públicos brindados por el Ministerio de Trabajo, el fraude sobre los estudiantes en prácticas se eleva a más de 1.000 empleos anuales. Concretamente, desde 2018 la Inspección de Trabajo ha destapado 4.805 falsos becarios.
“Es importante pensar que esto también es un ayuda para las empresas, ya que en los últimos años han tenido que pagar multas que ascienden los 15,1 millones de euros”, afirma Charton.
¿Qué incluiría el Estatuto?
La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 incluye siete disposiciones adicionales. En la segunda, no se desarrollan las características sobre este documento, sino que se pide que los agentes sociales se reúnan y establezcan la agenda de dicha reunión.
Charton explica que “el objetivo de la norma sería contar con la protección de los derechos de quienes realizan prácticas no laborales, tanto en empresas como en instituciones públicas, teniendo en cuenta la remuneración, el derecho a las vacaciones y la limitación de las funciones”.
Otros organismos exigen la cotización de todas las prácticas académicas, que cubran los gastos de los estudios, y pongan en valor el trabajo que realizan en las empresas.
“El principal problema lo encontramos en las prácticas extracurriculares, ya que las principales denuncias se realizan porque las empresas contratan becarios para sustituir puestos de trabajo”, finaliza el experto de la firma Valio Consulting
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