El Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate del Grupo Santalucía, ha lanzado su herramienta propia de análisis de las pensiones, El Pensiómetro. En palabras del director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez Rodríguez, «se trata de un barómetro que permite observar con detalle los principales ejes del sistema público de pensiones, ya que expone de forma nítida y dinámica una fotografía completa de hasta 20 indicadores sobre las pensiones, como son la Demografía, la Cobertura, la Edad de jubilación y otros relacionados con la Sostenibilidad de las pensiones y el Saldo del sistema«.
Además, la plataforma digital alberga los informes que cada trimestre elabora el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social formado por los profesores de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez y Borja Encimas; de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García; y de la Universidad de Valencia, Mar Devesa, Robert Meneu y Enrique Devesa.
Para Enrique Devesa, investigador del Instituto Polibienestar y del IVIE e impulsor de El Pensiómetro, «el objetivo de esta herramienta es dar a conocer la evolución de los principales datos estadísticos disponibles desde el año 2012, y poner de manifiesto su importancia, al permitir analizar efectos tan relevantes como los causados por la crisis de la COVID-19 sobre el Sistema de Seguridad Social en España».
En este sentido, el último informe de El Pensiómetro reflexiona con detalle sobre la repercusión de la pandemia en los indicadores del sistema público de pensiones; los indicadores contables de ingresos, gastos y saldo en la parte contributiva han seguido recogiendo los efectos negativos de la crisis de la COVID-19.
El documento señala que los ingresos por cotizaciones siguen estando por debajo de los del año anterior, con una caída del 0,9%, más moderada que la que se registraba en junio (-19,7%) y en septiembre (-5,9%). Los gastos en pensiones contributivas, por su parte, aumentan un 2,8%. Se trata de un crecimiento moderado, pues sigue por debajo del crecimiento normal de estos gastos debido al exceso de mortalidad de la COVID-19 entre los pensionistas.
También, en el indicador relativo a la demografía destaca la inversa de la tasa de dependencia, que ha frenado su tendencia al descenso debido al exceso de mortalidad por la COVID-19 durante marzo y abril de 2020, y que ha afectado más a la población mayor de 65 años (denominador de esta ratio). De esta manera, el dato a 1 de julio de 2020, apenas es 2 centésimas inferior al de 2019 (3,1 frente a 3,12). Todo ello, dentro de una tendencia a largo plazo del envejecimiento de la población ya que, en 2012, el dato era de 3,58.
Este reciente informe de El Pensiómetro pone de manifiesto, también, cómo el déficit contributivo por pensionista, en el cuarto trimestre de 2020, se sitúa ya en 3.470 €, y el déficit contributivo por cotizante en 1.632 €. Estos valores son, en 2020, más de un 50% superiores a los del año previo y muy alejados de los 296 € y 142 €, que se registraron en los mismos epígrafes en el cuarto trimestre de 2012, hace tan solo ocho años. Mientras que, la pensión media por pensionista se sitúa en 1.122,06 € a finales de 2020, frente a los 1.096,87 € del año anterior y los 919,77 € de hace ocho años.
Aumento del déficit ‘oculto’ de la Seguridad Social
Entre las principales conclusiones, destaca que el déficit contributivo se ha disparado en diciembre de 2020 hasta los 30.805 millones de euros, un 2,75% del PIB, con un aumento de 11.000 millones desde diciembre de 2019. Los ingresos sobre el PIB han aumentado al 10,8%, pero los gastos lo han hecho hasta el 13,5%, casi 2 puntos más que en 2019. Los autores señalan que «para compensar el mayor déficit, se han producido transferencias extraordinarias del Estado a la Seguridad Social, lo que podría ocultar el impacto de la crisis si sólo se observa el saldo por operaciones no financieras. Por ello, conviene observar también el saldo contributivo, que tiene en cuenta únicamente ingresos y gastos contributivos y cuya evolución temporal es más representativa de la tendencia estructural del Sistema de Seguridad Social al no verse afectada por las transferencias del Estado«.
La crisis de la COVID-19 ha tenido unos efectos muy acusados sobre las cuentas de la Seguridad Social, sobre todo en cuanto a la caída de la recaudación por cotizaciones de ocupados. El sistema también ha tenido que hacer frente a mayores gastos por incapacidad temporal derivados de procesos COVID y a prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos, aunque el exceso de mortalidad entre los pensionistas ha compensado parcialmente esta mayor carga.
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