La actual prórroga de los ERTEs por causas derivadas del coronavirus o de fuerza mayor llega a su fin. El próximo 31 de enero acaba esta nueva prolongación de los expedientes que a finales de 2020 beneficiaban a más de 750.000 trabajadores. Aunque las posturas no están muy alejadas si que hay algunos aspectos a tratar para conseguir una nueva prórroga que el Gobierno pretende que finalice el 31 de mayo, esto es, en cuatro meses.
Y desde las organizaciones empresariales y sindicales, especialmente la CEOE, han apuntado a cuatro puntos como principales escollos de la negociación con el ejecutivo: la vigencia de la prórroga, las exoneraciones de cuotas, la cantidad de trámites y la sanción por despedir tras un ERTE. Estas son las cuatro demandas principales de los empresarios:
- La vigencia de la prórroga, hasta que finalice la pandemia. Desde la CEOE creen que no es bueno tener que renovar las prórrogas de los ERTEs cada cierto tiempo ya que genera inseguridad en las empresas y en los trabajadores. Por ello, pretenden establecer un plazo que tenga vigencia mientras dure la pandemia de coronavirus. UGT también se ha sumado a la patronal en este punto aunque es cierto que con los cuatro meses de prórroga se supera la semana y se llegaría justo al inicio del verano por lo que la situación no sería tan mala en caso de no poder llegar a un acuerdo en cuanto al tiempo.
- Ampliación de las exoneraciones de las cuotas. La patronal ha pedido que la exoneración de las cuotas sea del 100% para todas las modalidades o, al menos, que se acerque a esa reducción total. En este momento, solo los ERTEs de impedimento en empresas de menos de 50 empleados se benefician del 100% de reducción y desde la CEOE reclaman que se extienda al resto.
- Reducción de los trámites. Más que el tiempo que se tarde en alcanzar el acuerdo, para la CEOE es importante garantizar que las empresas no tengan retrasos o dificultades en la tramitación de los expedientes. Ante estas peticiones, el Gobierno ha ofrecido mejoras en el borrador expuesto, tales como la posibilidad de cambiar un ERTE de impedimento por uno de limitación sin tener que solicitar un nuevo expediente. Pese a ello, hay muchos más trámites que desde la patronal pretenden minimizar para facilitar el proceso a todas las empresas.
- Modificaciones en la cláusula salvaguarda del empleo. Hasta el momento, las empresas que se acogen a un ERTE tenían prohibido despedir a sus trabajadores durante los seis meses siguientes. La pena por hacerlo era devolver todas las exoneraciones de las que la compañía se había beneficiado. Desde la CEOE entiende la norma aunque pretenden que, al despedir a un trabajador solo se devuelvan las exoneraciones de ese trabajador, no la totalidad de las misma. Ya sea esta u otra medida, la intención de CEOE y CEPYME es tratar de reducir el ‘castigo’ por despedir que podría obligar a muchas empresas a echar el cierre. Este parece el punto clave pues desde la patronal lo ven como un aspecto esencial mientras que desde el Gobierno se mantienen inamovibles en su postura: no pretenden ceder.
Así pues, a falta de poco más de 15 días para la finalización de la prórroga de los ERTEs, las posturas se van, poco a poco, acercando aunque todavía queda un escollo, y grande, tal y como hemos advertido en el último punto. Aunque desde ambos lados son optimistas habrá que seguir atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y las reuniones venideras.
Optimismo en el Gobierno: «El acuerdo está muy muy cerca»
Por parte de las diferentes personalidades del ejecutivo nacional implicadas en la negociación, el optimismo es la nota fundamental. Si José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reconocía esta misma mañana que el acuerdo está «muy muy cerca», la misma tónica ha seguido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE anunciando también que se mantendrán las mayores exoneraciones para los sectores más perjudicados así como el cobro del 70% del salario para los trabajadores afectados. También ha dejado claro que se seguirá manteniendo la prohibición de despedir aunque sin cerrarse a cambiar las condiciones del ‘castigo’ por hacerlo tal y como piden desde la patronal.
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