Bajo el nombre de Agrupación de Trabajadores del Juego de la Comunidad de Madrid (ATJUCAM), los trabajadores y trabajadoras del sector del juego privado presencial de la Comunidad de Madrid se han unido en defensa de sus puestos de trabajo “frente al ataque que supone la nueva ley reguladora de los juegos y de las apuestas que está tramitando el ejecutivo regional”.
La nueva ley del Juego en la que está trabajando el consejero de Justicia, Enrique López y que en las próximas semanas se remitirá a la Asamblea regional supone para la ATJUCAM “la destrucción total de nuestros puestos de trabajo”.
Los trabajadores denuncian que con el texto elaborado por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aquellos locales que se encuentren cerca de cualquier centro educativo “tendrán la obligación de cerrar. No entendemos que se pueda comprar tabaco, alcohol, un cupón o un rasca de la ONCE cerca de un colegio y en cambio se pretenda cerrar una actividad como la nuestra absolutamente vigilada mediante control de acceso y registro de DNI”.
En este sentido, el portavoz de la ATJUCAM, Iñaki Angulo, ha asegurado que “si la ley se aprueba tal y como está, la gran mayoría de los establecimientos de juego existentes desaparecerán y con ellos, nuestros puestos de trabajo. No es razonable que se obligue a cerrar a una empresa que tiene una licencia y cumple todos los requisitos por unos criterios arbitrarios y sin ningún tipo de evidencia ni informe respaldado con datos objetivos. Esto no es Venezuela” ha señalado Angulo.
Los últimos datos oficiales señalan que hoy hay más de 363.000 desempleados en la Comunidad de Madrid. El Coronavirus se ha llevado por delante muchas vidas en España y en nuestra Comunidad y el futuro de muchos trabajadores y trabajadoras es incierto.
“Los trabajadores y trabajadoras de la ATJUCAM – explica Angulo- exigimos a la presidenta Ayuso un esfuerzo de concertación social que permita el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. Estamos a favor de medidas que establezcan un mayor control y una protección efectiva a los jugadores, así como una mejor planificación largamente solicitada por el sector durante años. Lo que no es admisible es cerrar centenares de empresas por presiones interesadas de partidos populistas que solo quieren substituir el juego gestionado por empresas privadas por el juego público”
Desde ATJUCAM se afirma que el proyecto de Ley impulsado por la Comunidad de Madrid “no cumple con unos nuevos criterios de planificación y que no se basa en ningún tipo de evidencia objetiva ni dictamen experto desde el punto de vista médico/sanitario”
Para Iñaki Angulo, portavoz de los trabajadores “Es sorprendente que el Gobierno regional de Madrid, que se proclama defensor de la libertad de mercado, aplique a las empresas de juego privado de Madrid un trato discriminatorio dado que les exige la adopción de medidas que no se aplican a los locales y vendedores de loterías y otros juegos bajo gestión pública”.
Los trabajadores de los salones de juego no rechazan la potestad del Gobierno regional de regular su actividad con el fin de garantizar un control de la actividad y una efectiva protección a los jugadores pero quieren que “se priorice el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo y de la actividad económica en la nueva regulación.”
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