El sector de la automoción está sufriendo un profundo proceso de transformación debido, fundamentalmente, a la necesidad de una movilidad sostenible que reduzca el nivel de emisiones y un profundo cambio tecnológico, fruto del avance de la digitalización. A ello se suman los riesgos geopolíticos, derivados del aumento de políticas proteccionistas y la reducción de la demanda en los mercados tradicionales, que cada vez más se mueve hacia economías emergentes del Pacífico. Entre las nuevas amenazas al sector están la repatriación de inversiones, como ha sucedido con Nissan, sumado a un exceso de capacidad productiva en Europa. Un cóctel de factores que, con la pandemia del Covid-19 y el consecuente parón productivo, han agravado la situación y requieren de una urgente intervención para la aprobación de medidas que permitan una inyección de fondos en I+D+i y en la formación de nuevas capacidades.
Esta es la respuesta unánime que busca el sector según la mesa de expertos que se reunió durante el encuentro virtual ‘El reto del sector de automoción. Cómo gestionar una transformación responsable con las personas y los territorios’ promovido por Mercer y LHH el pasado 18 de junio. El encuentro acogió tanto a representantes sindicales de UGT (Jordi Carmona) y CCOO (Joaquín Ferreira) como de la administración, en concreto el Director General de Industria y PYME (Galo Gutiérrez-Monzonís).
Desde LHH, consultora líder en procesos de transición profesional, recomiendan una apuesta clara por las medidas preventivas. Algo que viene debatiéndose, pero sobre lo que no se ha actuado de forma contundente. En este sentido, ponen como ejemplo el modelo francés de “Gestión Previsional del Empleo y las Competencias” basado en anticipar las necesidades de contratación o desvinculación y desarrollar los conocimientos necesarios para adaptarse a los cambios del mercado (upskilling y reskilling). En caso de que las salidas sean inevitables, es recomendable implementar un plan de recolocación externa, obligatorio desde la reforma de 2012 en despidos colectivos de más de 50 empleados, que a pesar de jugar un papel crítico en aminorar los daños no se le da la relevancia que realmente tiene. “Es absolutamente necesario un plan adecuado de recolocación y un programa de recualificación profesional que minimice el impacto social” destacó Marcos Huergo, director general de LHH.
No obstante, hay colectivos que presentan mayor dificultad de reinserción laboral, como son los empleados cercanos a la jubilación. En este ámbito Mercer propone aprovechar fórmula de los planes de prejubilación como la solución más eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral. A través de este Un mecanismo por el cual el empleado sigue percibiendo unas rentas mensuales más las cuotas necesarias para mantenerse de alta en la puede abonar a la seguridad social la cuantía correspondiente al Convenio Especial y permite mantener el nivel de cotización y, por lo tanto, asegurar la futura prestación una vez llegue el momento de la jubilación. Según el último Estudio sobre Desvinculaciones de Mercer, el 51% de las empresas utiliza este mecanismo para despidos colectivos y un 35% lo hace para despidos individuales.
“Estamos en un momento de grandes cambios a gran velocidad y eso requiere de organizaciones flexibles que permitan adaptarnos a las nuevas situaciones con un nivel óptimo de eficiencia porque la competitividad es clave” afirma Ana Salguero, Responsable del área de gestión de plantillas de Mercer.
“A los retos ya conocidos del cambio tecnológico, la movilidad sostenible, la digitalización de los canales de venta o la evolución en el valor de la propiedad, se le ha sumado el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19” argumenta Rosa Di Capua, socia de Mercer. “Ante este escenario, la industria automovilística está acelerando su adaptación al nuevo modelo de negocio, lo cual tendrá un enorme impacto en las plantillas y los territorios”.
La necesidad de medidas urgentes se deriva de la relevancia de la automoción como sector estratégico para la economía española. En España se producen cerca de 2.8 millones de vehículos para mercados europeos, lo que supone un 10% del PIB y el 7% de la inversión extranjera. No sólo tiene una importancia nacional, sino también regional ya que las 17 plantas de producción y montaje están distribuidas entre 10 Comunidades Autónomas y generan más de 300.000 empleos directos y 2 millones de indirectos (9% del empleo nacional). Con semejante peso en nuestra economía, la pérdida o el olvido a las necesidades de este sector tendría unas consecuencias catastróficas. Es por eso que la administración estatal y autonómica necesita la aprobación urgente de medidas e incentivos que promuevan la renovación del parque automovilístico y el aumento de la inversión en innovación para poder recuperar su competitividad y asegurar su continuidad y liderazgo como hasta ahora.
Fruto de la aceleración digital y el parón productivo que ha provocado el Covid-19, el gobierno ha decidido atajar la situación de deslocalización de inversiones, cierre de plantas y reestructuraciones, mediante la aprobación, el pasado 15 de junio, del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada’. El plan cuenta con un presupuesto de 3.750 millones y un total de 20 medidas parte de cinco pilares fundamentales para la transformación como son:
1) la renovación del parque automovilístico para avanzar hacia el vehículo verde (plan MOVES), 2) el aumento de inversiones para adaptar la industria (plan REINDUS), 3) promover la innovación para que la industria de componentes mejore su I+D+i, 4) establecer incentivos fiscales y 5) mejorar la empleabilidad a través de medidas de formación y cualificación profesional. Las medidas a largo plazo se financiarán a través del Fondo de recuperación europeo. El Ministerio afirma que las empresas españolas están bien posicionadas para afrontar estos retos gracias al despliegue industrial.
Frente a estas medidas, los sindicatos se muestran positivos, pero lamentan que no hayan sido tenidos en cuenta como parte activa del proceso de elaboración de este paquete de medidas, algo que entienden como fundamental para aportar ideas útiles y reflejar las necesidades reales que provocará el proceso de transformación. Critican también que el Plan no prevea medidas de protección del empleo, así como la suspensión de la Mesa de discusión tripartita. Asimismo, argumentan que no solo es relevante la producción sino la cadena de valor al completo (talleres, concesionarios, etc.) ya que, de ser tenidos en cuenta podríamos hablar incluso del 16% del PIB. Entienden que el sector necesita una adaptación transversal para evitar destrucción de empleo y urgen a acometer medidas urgentes. Además, han afirmado que para que el Plan funcione será necesario el compromiso de la industria para atraer inversiones a España.
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