Más de la mitad de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de exclusión

Los hogares monoparentales en España ya representan el 10%,3 del total y rozan los 2 millones: en 2017 se contabilizaban 1.842.800 familias compuestas por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, el 83% de ellas encabezadas por una mujer.

Un año más, la Fundación Adecco ha querido profundizar en la situación y retos de estas familias, elaborando el 7º Informe #MonoMarentalidad y Empleo, para lo que se ha realizado una encuesta confidencial a 500 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. Su perfil sociodemográfico ha resultado ser el de una mujer entre 36 y 45 años, divorciada, con un hijo y estudios secundarios.

Exponemos las conclusiones a continuación.

1 de cada 10 hogares es monoparental; el 83% encabezado por mujer

La composición de los hogares españoles ha experimentado importantes cambios, haciéndose cada vez más poliédrica. Así, y durante las últimas décadas han emergido nuevos modelos familiares, diferentes al tradicional, entre los que destacan las familias monoparentales.

Actualmente, estas familias ya representan el 10,3% de los hogares en España y el 83,3% están encabezados por una mujer.

Riesgo de pobreza crítico

Los últimos datos del informe AROPE (at risk of poverty and exclusión) ponen de manifiesto un alarmante riesgo de pobreza en el caso de las familias monoparentales, del 53,3%. Este porcentaje constituye casi el doble que el relativo al resto de hogares (27,9%), y sitúa a los hogares monoparentales a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión.

Además de liderar este ranking, las familias monoparentales son las que han experimentado un mayor crecimiento de su índice AROPE durante el último año, del 50,1% al 53,3% actual. En otras palabras, el índice de pobreza ha crecido en una proporción del 6,3%, mientras que la tasa general ha disminuido en un 2,4%, del 28,6% al 27,9%.

Pero ¿qué personas se consideran en riesgo de pobreza y exclusión, según AROPE? 

Aquéllas que cumplen, al menos, uno de los siguientes criterios:

• Vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional, fijada en 684 euros mensuales).
• Estar en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.
• Vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “aunque el desempleo sólo se menciona en el último de los 3 indicadores, es el desencadenante de todas las situaciones de pobreza y exclusión social. Así, detrás de este 53,3% de riesgo de pobreza o exclusión social, predominan las personas al frente de una familia monoparental que son desempleados de larga duración o trabajan en situación irregular (sin contrato), en la economía sumergida”.

Basándonos en las cifras nacionales, podemos realizar una extrapolación al resto de las Comunidades Autónomas, -tomando como referencia que la tasa de pobreza se eleva en una proporción del 91% en el caso de las familias monoparentales. Así, las Comunidades donde las familias monoparentales presentan un mayor riesgo de pobreza son Canarias y Andalucía, con un 84% y un 78%, respectivamente.

Desempleo estructural y economía sumergida

Un 43% de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas está desempleada, mientras que un 17% afirma tener algún tipo de ocupación, pero sin contrato: el 11% de estas últimas figura en los registros de desempleo, mientras que el 6% restante no ha acudido a los mismos por desmoralización o situación de irregularidad.

Asimismo, 7 de cada 10 lleva más de un año sin empleo: un 48% supera los 24 meses y un 22% lleva entre 1 y 2 años desempleada.

“Este desempleo de larga duración puede derivar en la economía sumergida: la ausencia prolongada de ingresos conduce a muchas mujeres con responsabilidades familiares no compartidas a desempeñar trabajos no regulados, concentrados principalmente en sectores como la hostelería, la atención a personas dependientes y/o el servicio doméstico. Una realidad que tiene nefastas consecuencias en la economía global y que, además, genera una preocupante desprotección del trabajador, conduciendo directamente a la precariedad y a la exclusión”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Impulso definitivo a la conciliación

“Frenar esta precariedad exige dar un impulso definitivo a las políticas de flexibilidad y conciliación, a través de medidas como la racionalización de entradas-salidas y la recuperación de horas en sectores como el servicios o la hostelería, que tradicionalmente emplean a más mujeres”– recalca Mesonero.

Además, el directivo añade que: “resulta crucial impulsar un cambio de mentalidad que erradique tics culturales que se manifiestan en forma de prejuicios: se tiende a pensar que, por el cuidado de sus hijos, el compromiso de las madres solas será menor, causando rotación y absentismo. Sin embargo, la tendencia es justo la contraria, pue, precisamente por sus hijos, suelen aprovechar al máximo la oportunidad laboral, demostrando una alta fidelidad al proyecto al que se vinculan”.

Por último, Mesonero apostilla que: “estos prejuicios coexisten, en ocasiones, con una inadecuación de las competencias profesionales con las demandas del mercado, por lo que es esencial apostar por políticas activas de empleo que acerquen sus competencias a las nuevas exigencias del mercado laboral, garantizando un acceso sostenible y continuado al empleo”.

Regularizar economía sumergida, una gran prioridad

La economía sumergida en España representa más de un 20% del Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa en el top 3 de los países europeos con mayor peso en materia de economía no declarada.

En el caso que nos ocupa, un 17% de las mujeres encuestadas afirma tener algún tipo de ocupación, pero sin contrato laboral, o, lo que es lo mismo, trabajar en la economía sumergida.

Según Francisco Mesonero: “la economía sumergida genera una desprotección al trabajador en todos los ámbitos (médico, económico, laboral), conduciendo directamente a la precariedad y a la exclusión social. Por ello, regularizar estos empleos ha de ser una prioridad que nos permitirá reconocer social y económicamente trabajos como el cuidado a dependientes, uno de los menos controlados y en los que más se concentran las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. Medidas como las que ya se están llevando a cabo en otros países, como hacer deducibles los gastos derivados del hogar, el fomento de la educación cívico-tributaria o la generalización de los medios de pago electrónicos, podrían contribuir a este respecto. Además, una mayor penetración de las agencias de colocación (actualmente del 0,8%) hasta el 1,7%, produciría una importante reducción de la economía sumergida, suponiendo unos ingresos extra para el Estado de 3.300 millones de euros”-.

Conciliación: el Talón de Aquiles

¿Qué sucede con las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, una vez encuentran empleo? A pesar de que la flexibilidad y la conciliación son una creciente demanda social, que va calando en el mundo empresarial, un 74% declara que las medidas de conciliación que le ofrece su empresa son insuficientes.

El siguiente gráfico clasifica las diferentes prácticas de conciliación que permiten las empresas de las encuestadas con empleo. Como se aprecia, todas ellas tienen una incidencia inferior al 50%. El trabajo por turnos se sitúa a la cabeza, siendo una práctica permitida por el 35% de las empresas, seguido de la jornada intensiva (33%). Además, es llamativo cómo menos de un tercio de las mujeres (31%) tiene la posibilidad de abandonar su trabajo ante una emergencia familiar.