El Círculo de Empresarios propone reducir a 18 días la indemnización por despido

El Círculo de Empresarios propone reducir a 18 días la indemnización por despido en los contratos temporales e indefinidos, así como alargar el tiempo de cobro de la prestación por desempleo aunque condicionándola a la aceptación de ofertas de trabajo y revisar el sistema salarial de los funcionarios para que tenga una parte variable. 

Así se recoge en el capítulo de ‘Ideas para crecer’ incluido en el análisis sobre los Presupuestos del Estado para 2016, que este jueves han presentado el presidente de la institución, Javier Vega de Seoane, y el vicepresidente y presidente del Comité de Economía y Presupuestos, el exministro ‘popular’ Josep Piqué. 

En dicho documento, consultado por Europa Press, los empresarios reconocen el camino recorrido hasta ahora por la economía española para salir de la crisis pero defienden la necesidad de profundizar en las reformas estructurales si se quiere «acelerar el crecimiento, la creación de empleo y la consolidación fiscal». 

A renglón seguido, plantean las que medidas que, a su juicio, serían necesarias para conseguir esos objetivos, comenzando por el mercado laboral, en el que hacen falta «normas más claras y sencillas que reduzcan el margen de interpretación de los jueces». 

SALARIO MÍNIMO JUVENIL

Y, en concreto, proponen reducir los tipos de contratos a tres –indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil (de formación)– y «equiparar» las indemnizaciones entre los contratos indefinidos y los temporales, convergiendo hacia los 18 días por año trabajado, similar a otros países europeos pero por debajo de la cifra fijada actualmente, en 20 días para despidos procedentes y en 33 para los improcedentes. 

Además, el Círculo cree que hay que alargar el periodo de percepción de las prestaciones por desempleo aunque condicionando su cobro a la aceptación de ofertas de trabajo, mientras que en el ámbito de las políticas activas aboga por una «mayor colaboración» público-privada y una «rehabilitación profesional eficaz».

Aunque el documento no ahonda más en ese concepto, sí incluye otras medidas como dar un mayor papel a las empresas en el diseño, gestión y financiación de los planes de formación, incluyendo los diseñados para atajar el paro juvenil que deberían centrarse en programas de formación dual universitaria y profesional y en prácticas no laborales.

En este mismo sentido, los empresarios vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) específico para los jóvenes con escasa cualificación y que esté vinculado a la formación.

Asimismo, abogan por una reforma educativa «consensuada, estable y de largo plazo» que prime «los valores, el mérito, el esfuerzo, la creatividad, las dotes de comunicación y los idiomas» y fomente el espíritu emprendedor y «la asunción del fracaso como parte del aprendizaje».

Para que nadie quede fuera de este sistema sería necesario «potenciar» el sistema de becas y ayudas, así como «invertir en la formación continua del profesorado». Y, además, recuerdan que hace falta una «mayor integración de las empresas en el sistema educativo», para que los planes de estudio tengan en cuenta sus necesidades.

CAMBIOS SALARIALES

 En el campo de los salarios, se plantea la necesidad de vincular la productividad y los sueldos privados, impulsando la flexibilidad interna y primando la negociación colectiva a nivel de empresa. En cuanto a los empleados públicos, el Círculo de Empresarios cree que debería «reformularse» su modelo de remuneración para «asimilarlo» al sector privado y que tengan un «elemento variable».

 Por otra parte, el Círculo aboga por avanzar aún más en la reforma de las administraciones públicas para conseguir un uso más eficaz de los recursos, y pone sobre la mesa la necesidad de externalizar ciertos servicios y que su consignación presupuestaria se rijan por criterios de base cero, así como la posibilidad de reformular la estructura de la administración territorial, centrándose particularmente en diputaciones y ayuntamientos.

 En cuanto a las pensiones, los empresarios reclaman un cambio «progresivo» de modelo hacia uno «mixto» de reparto, de capitalización obligatoria y de capitalización voluntaria; así como diversificar paulatinamente las inversiones del sistema, permitiendo la adquisición de renta pública de otros países, renta fija privada y, «en el futuro», también renta variable.

 REFORMA FISCAL 

No obstante, el Círculo de Empresarios cree que la causa fundamental del déficit español está en la parte de los ingresos, por lo que reclama una reforma tributaria profunda que permita incrementar las bases imponibles, sobre todo en las figuras tributarias indirectas.

 De hecho, la institución cree que el Impuesto de Sociedades debería tener un tipo único del 20% –cinco puntos por debajo del que estará en vigor el año próximo, cuando se aplique la segunda parte de la bajada fiscal del Gobierno– y que habría que reducir «al menos en dos puntos» las cotizaciones empresariales.

 La otra medida para incrementar los ingresos tributarios consiste en intensificar la lucha contra el fraude con más medios para la Agencia Tributaria, tiempos más ágiles, una generalización del pago por medios electrónicos, incentivos fiscales para aflorar actividad sumergida, sanciones más duras y un sistema de retribución por incentivos de la Inspección que premie la firmeza de las sanciones y no el levantamiento de acta.

 Los empresarios quieren además que el Gobierno se «replantee» la ‘exit tax’, que a su juicio «desincentiva» el establecimiento de ‘start ups’ tecnológicas; y que suprima la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero (modelo 720).

 Por último, el documento incluye propuestas como revisar la regulación bancaria par que las exigencias de capital no penalicen a las pymes, así como reducir las «medidas de efecto umbral» en el marco laboral, fiscal y regulatorio que perjudican el aumento del tamaño de las empresas.

 En este sentido, se propone por ejemplo elevar de 6 a 20 millones el umbral de facturación necesario para poder acceder a los pagos fraccionados de Sociedades e IVA, así como para integrarse en la Unidad de Grandes Contribuyentes; usar los 100 empleados como cifra de referencia para tener comité de empresa; o crear una nueva auditoría abreviada para compañías con activos de entre 2,85 y 4 millones de euros, cifras de negocio neta de entre 5,7 y 8 millones y/o menos de 50 trabajadores.