«Ojalá todas las empresas a las que hemos remitido cartas durante agosto avisándolas de posibles infracciones en la contratación de sus empleados a tiempo parcial o temporal hayan regularizado la situación», declara Raúl Riesgo, subsecretario de Trabajo y responsable de la Inspección de Trabajo. Pero el alto funcionario no confía en tener tanta suerte.
Por este motivo, explica que a principios de septiembre la Inspección de Trabajo revisará si las empresas que han recibido las 81.639 misivas, y que afectan a la contratación de 130.931 personas, han corregido la situación de sus empleados. Aquellas que mantengan las condiciones irregulares recibirán la visita de los inspectores a partir de ese mismo mes y hasta final de año.
Dentro del Plan Director por un Trabajo Digno, el Gobierno puso en marcha en agosto dos planes de choque para que, voluntariamente, aunque previa comunicación de la Inspección, algo más de 81.000 empresas con signos de incumplir la norma laboral solventasen las irregularidades.
El primer plan iba dirigido a posibles fraudes de ley en los contratos temporales por obra y servicio -que hayan mantenido al trabajador durante más de cuatro años con este tipo de contrato- y en el uso abusivo de los contratos a tiempo parcial -que los empleados trabajen por encima de la jornada establecida sin estar cotizando a la Seguridad Social por dichas horas-. Este primer plan se ha saldado con el envío de unas 59.000 cartas a empresas repartidas por toda España el 1 de agosto.
El segundo, con otras 22.000 misivas remitidas entre el 13 y 14 de agosto, se ha focalizado en empresas que hayan incumplido con el contrato temporal que establece que en un periodo de 18 meses no se haya tenido empleado a una misma persona más de 12 meses. En conjunto, Trabajo ha remitido 81.639 escritos, aunque en algunos casos podría haber coincidido que una misma empresa haya recibido dos cartas por haberse detectado irregularidades de ambos tipos.
«La filosofía del plan es animar a las empresas a que corrijan las irregularidades que podrían estar cometiendo con uno o varios de sus trabajadores y nunca con afán recaudatorio», insiste el subsecretario de Trabajo. Pero el plazo se ha agotado y es el momento de ver si las advertencias han servido y los 130.931 trabajadores que previsiblemente están en situación irregular han visto reconducidas sus condiciones laborales.
Por este motivo, a partir de septiembre la Inspección analizará todos y cada uno de los casos para saber si algo ha cambiado tras la carta. Riesgo explica que se pueden encontrar con tres grandes bloques. El primero, las empresas que hayan regularizado la situación de sus empleados que se librarán de la visita del inspector y se ahorrarán las sanciones aunque hayan incumplido la norma laboral.
El segundo, compuesto por aquellas empresas que haya extinguido el contrato del empleado o empleados en situación irregular. En este caso, el responsable de la Inspección es claro: «Que hayan despedido al trabajador no les exime de haber cometido fraude y serán sancionadas. Y si han contratado otro trabajador para sustituir al anterior, tendrán peores consecuencias». El tercer bloque lo compondrán las empresas que no hayan hecho nada. Estas también recibirán la visita del inspector.
Y algo más: a diferencia de lo que venía siendo la norma, el empresario no se salvará de la multa si, una vez le visite el inspector, decide corregir las anomalías laborales. «Tendrá que afrontar primero la regularización, pero también la sanción», señala Riesgo. En este sentido, entiende que desde el punto de vista económico, sale más rentable a las empresas advertidas por carta corregir los errores que afrontar las sanciones que pueden llegar a los 6.250 euros en su grado máximo.
Así, aunque el responsable de Inspección confía que no sea necesario inspeccionar todas las empresas que han sido advertidas por carta, resalta que el cuerpo tiene suficiente capacidad para afrontarlas todas si fuese necesario.
«Realizamos un millón de inspecciones al año, la mitad programadas por la propia Inspección y la otra mitad derivadas de denuncias de los empleados. Lo que haremos será reconducir las visitas programadas, porque además en este caso hay más posibilidades de encontrar irregularidades», explica.
De hecho, la Inspección confía en realizar nuevas campañas con envíos de nuevas cartas. En el caso de los contratos por obra y servicio, la ley establece que no se pueden encadenar durante más de tres años. Sin embargo, existe la posibilidad de aumentarlo a cuatro si el convenio lo prevé. Pues bien, en este primer plan de choque han fijado el plazo de cuatro años. «Ahora estamos depurando la base para incidir en las empresas que no pueden pasar de tres años». Riesgo dice que pueden superar las 100.000 cartas.
La Seguridad Social lo sabe todo de los empleados en España
«La mayoría de los españoles tiene la sensación de que Hacienda lo sabe todo de ellos cuando se ponen a hacer la declaración de la Renta. Pues que las empresas sepan que la Seguridad Social también lo sabe todo sobre sus trabajadores», declara Raúl Riesgo, subsecretario del Ministerio de Trabajo y responsable de la inspección laboral. Los planes de choque han sido posibles gracias a una potente herramienta de la que se ha dotado la Inspección que permite cruzar los datos de la Agencia Tributaria con los de la Seguridad Social. Un software que tiene un par de años, pero que se empezó a depurar en el último año una vez se volcaron los datos. «Ahora estamos aprendiendo del propio sistema, y viendo qué posibilidades nos ofrece», explica Riesgo. Y apunta que va a permitir focalizar mejor las sospechas para que la Inspección aumente su eficiencia, pues ahora solo en una de cada cuatro visitas el inspector acaba levantando sanción por irregularidad.
Con la herramienta, se detectan posibles infracciones solo al cruzar los datos de distintos organismos como Hacienda y Seguridad Social. Además, puede ir cebándose con más información procedente de otros organismos, como por ejemplo el Consejo Consultivo de Convenios Colectivos.
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