El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que 2017 ha sido un año «perdido» para el avance social de España y para el sistema de la Seguridad Social, pues, a pesar de que la economía ha crecido a un ritmo superior al 3%, no se han reducido las desigualdades en el país.
Así lo denuncia en una nueva entrada en su blog, en el que hace balance de lo que ha sido el ejercicio 2017 y en el que insta al Gobierno a cambiar su política económica en 2018 para que los trabajadores empiecen a recibir la parte del crecimiento económico al que están contribuyendo.
Álvarez sostiene que, aunque la Comisión Europea ve a España en una situación «crítica» en materia de desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre; la tasa de trabajadores pobres es una de las más altas de Europa y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 28%), «el Gobierno de Rajoy se escuda en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo e ignora todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo».
«El año que termina supone un ejercicio perdido para el avance social de nuestro país, en el que ha quedado de manifiesto que el modelo de salida de la crisis que está siguiendo el Gobierno es una continuación de las medidas aplicadas durante la misma que, en esencia, han consistido en favorecer una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la doble vía de devaluar los salarios y los derechos laborales y debilitar las redes de protección de los servicios públicos», critica el líder de UGT.
En su opinión, el hecho de que el PIB esté creciendo a un ritmo superior al 3% debería traducirse en un reparto «más justo y eficiente» de la riqueza, ya que mientras crecen los beneficios empresariales, aumenta el reparto de dividendos a los accionistas y se incrementan los sueldos de los altos directivos, los trabajadores han sufrido una «intensa» devaluación salarial desde 2010 que todavía no han empezado a recuperar.
En este sentido, argumenta que entre 2010 y 2016 el poder adquisitivo salarial ha caído en una media de 5,4 puntos, llegando este porcentaje al 20% para el 10% de los trabajadores con salarios más bajos. A ello hay que sumar, explica, la elevada tasa de paro y temporalidad, la escasa duración de los contratos, la parcialidad involuntaria, y el descenso de la cobertura por desempleo hasta valores próximos al 55%.
El líder de UGT advierte en su blog de que la precariedad del mercado laboral ha hecho que el sistema de la Seguridad Social ingrese menos dinero en cotizaciones sociales, «comprometiendo la financiación de sus prestaciones».
«Continuar por el camino de reducir las pensiones a cuantías de miseria, como está haciendo el Gobierno, ni es solución ni es aceptable. En este sentido, los ínfimos avances de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo convierten 2017 en un año perdido también para el Sistema de Seguridad Social».
LA SUBIDA DEL SMI, «UNA PEQUEÑA LUZ»
Álvarez también denuncia que el diálogo social durante 2017 «ha sido de palabra, pero no de hechos» en lo relativo a la mayoría de las cuestiones fundamentales, como las pensiones o la prestación de ingresos mínimos.
Tampoco han obtenido un resultado «tangible» las distintas mesas de diálogo social, señala. La única «luz» en un año «poco fructífero» en las negociaciones con Gobierno y empresarios ha sido la subida que se ha pactado para el salario mínimo interprofesional.
En el marco del diálogo bilateral (entre sindicatos y empresarios), Álvarez critica que la «falta de compromiso» de CEOE y Cepyme impidiera acordar una referencia salarial para 2017 en la negociación colectiva.
Asimismo, el dirigente sindical expone en su blog algunas demandas de la organización, como la puesta en marcha de una Ley de Igualdad para que las mujeres reciban el mismo sueldo por un trabajo del mismo valor; más recursos y medidas para hacer frente a la violencia de género, y un plan de choque para reducir el paro juvenil.
Para finalizar, Pepe Álvarez emplaza al Gobierno a modificar su política económica y buscar consensos. En su opinión, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado «no aventura un buen año social», pero confía en que el Ejecutivo, ante las presiones sociales, sindicales y de algunos organismos, ponga en 2018 la política y la economía al servicio de las personas.
«Por el contrario, si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo económico injusto, basado en un reparto desigual de la riqueza, la contestación y movilización social serán inevitables», avisa.
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