UPTA se ha reunido con portavoces del grupo socialista en el Senado en materia de empleo para transmitirles las que cree que deberían ser las mejoras que se tendrían que plasmar en el trámite actual de la ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo, según ha informado la organización en un comunicado.
En concreto, el secretario y el vicesecretario de UPTA, Eduardo Abad y César García, ha trasladado al portavoz del grupo socialista en el senado, Ander Gil, y al senador por La Rioja, Francisco Martínez-Aldama, cuatro enmiendas al actual texto que remitió el Congreso.
La primera de las enmiendas recoge la solución a parte de la problemática que tiene que ver con el trabajo autónomo económicamente dependiente, también conocido como Trade, con la intención de mejorar la regulación y el control de los acuerdos de interés profesional.
Por otro lado, han insistido en la necesidad de modificar el acceso de los autónomos a la jubilación parcial, ya que UPTA cree que sería «una de las mejores fórmulas para que muchos autónomos con 63 años puedan acceder al plan de relevo generacional de sus negocios y el mantenimiento de los mismos».
También quieren que se flexibilicen las condiciones para los autónomos con menos de cinco trabajadores para participar en los planes de formación dual, modelo formativo que es «efectivo» para la modernización y competitividad de las empresas.
UPTA cree que se tendría que modificar el apartado B del artículo 11 de la proposición de ley en su redacción emitida por el Congreso, ya que la actual redacción aplica la deducción por gastos como agua, gas o electricidad en el porcentaje resultante de aplicar el 30% de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a la superficie total de la misma.
Así, según la actual redacción, únicamente podrán deducirse el 9% de los gastos afectos a la actividad, es decir, el 30% de los gastos sobre el porcentaje declarado como utilizado, que en la mayoría de los casos es del 30%.
UPTA ha propuesto que se ponga una limitación del 30% del total de la superficie de la vivienda para que se pueda deducir el porcentaje exacto de los gastos sobre los metros cuadrados utilizados en la actividad.
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