El Elíseo presentó ayer la reforma laboral que anunció durante la campaña electoral el presidente francés, Emmanuel Macron. El «candidato del trabajo», como él mismo se definió entonces, busca reducir el paro masivo y brindar certidumbre a los inversores con una batería de 36 medidas encaminadas a flexibilizar el mercado y simplificar la normativa.
La reforma presentada ayer en Matignon por el presidente, el primer ministro, Édouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, entrará en vigor a final de mes. De hecho, los cinco decretos que concentran el paquete reformista verán la luz en el Consejo de Ministros del día 22 de septiembre.
Las medidas ya han encontrado contestación. El sindicato CGT ha fijado una huelga el 12 de septiembre, y la formación de izquierda radical Francia Insumisa ha convocado una manifestación el próximo 23 de septiembre. Los detractores de la reforma entienden que debilita los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la patronal Medef se ha mostrado satisfecha con las medidas, que incluyen una subida de la indemnización por despido. El primer ministro galo salía ayer al paso de las reacciones indicando que «Francia es un Estado de Derecho social y lo seguirá siendo».
«Esta reforma va más lejos que la muy desacreditada reforma laboral de Myriam El Khomri, que desencadenó, el pasado año, la peor crisis social con un Gobierno de izquierda. Pero, entretanto, la situación política ha cambiado y el nuevo Ejecutivo ha planteado las formas, proponiendo a las organizaciones sindicales y patronales una serie de negociaciones, que se han llevado a cabo durante todo el verano, en paralelo al recorrido parlamentario del texto», indicaba ayer el diario Les Échos, algo que refrendaban las valoraciones hechas por la ministra de Trabajo, quien durante la presentación del proyecto defendió la concertación con sindicatos y patronal mantenida este verano.
Macron subrayó ayer el carácter ambicioso y eficaz de la reforma, aunque reconoció que tardará entre 18 y 24 meses en producir efectos sustanciales en la bajada del desempleo, actualmente en el 9,8%. Según El Elíseo, el actual marco laboral galo genera incertidumbre a los inversores, lastra la contratación y no protege eficazmente a todos los asalariados. El sistema propiciaba una dualidad en la que los trabajadores indefinidos gozan de mayor protección en detrimento de los jóvenes y empleados de menor cualificación. Además, la complejidad de la normativa y sus rigideces dificultaba la adaptación de la empresa al ciclo económico.
Un éxito necesario
Como explica Les Échos, esta reforma es crucial no sólo por el ámbito en el que recae, sino como símbolo de la capacidad de Macron para llevar a cabo el conjunto de su hoja de ruta. «La gran obra en el frente económico y social de un nuevo presidente que desea transformar el país mostrará su capacidad de llevar a buen término medidas menos consensuadas que la moralización de la vida pública. Al Ejecutivo galo le aguardan otras reformas estructurales -que se detallaron a principios de semana durante el seminario que marcó el regreso del Gobierno- y afectan tanto a la reforma del seguro de desempleo como a la política de vivienda», explica el diario. Por tanto, y más después de los titubeos del Gobierno galo el pasado julio con el calendario de activación de la reforma fiscal, «un retroceso en la reforma laboral colocaría a Emmanuel Macron en una situación incómoda para instaurar su programa», incide el rotativo galo.
Menos improcedentes
Las indemnizaciones por despido han sido uno de los puntos más polémicos de la negociación entre el Gobierno francés y los sindicatos. Finalmente, la reforma limitará los casos en que los despidos puedan ser considerados «injustificados» por los tribunales. Además, la indemnización para despidos procedentes se elevará un 25%, atendiendo a las demandas sindicales. De este modo, las compensaciones para improcedentes serán de un mes de salario por año trabajado con un tope de diez y a partir de ahí medio mes de salario por cada año, con un tope de 20 meses en este tramo. En el caso de despidos considerados procedentes, el coste del despido será de un cuarto de mes de salario por cada año trabajado. Los juzgados habrán de ajustarse a los baremos de indemnizaciones fijados por la reforma.
Por otra parte, se facilitará el logro de acuerdos mayoritarios de los trabajadores con la empresa, al margen de los convenios. De este modo, las compañías tendrán más facilidad para adaptarse a los vaivenes de la demanda y, por ende, del ciclo económico. Así, también serán modificables vía pacto condiciones laborales como la jornada, la remuneración o la movilidad.
En empresas de menos de 50 trabajadores se podrán negociar estos extremos con representantes de la plantilla aunque no estén sindicados y en las firmas de menos de 20 empleados, el empresario podrá organizar una votación entre ellos.
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