El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) 2015, en el marco del cual las comunidades autónomas recibirán 1.414,1 millones de euros, así como la distribución entre las regiones de subvenciones encuadradas en el Programa de Activación para el Empleo.
El Consejo de Ministros de este viernes estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la presencia de todos los miembros de su Gabinete.
El Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2015, el cuarto desde su creación en 2012 y el primero que se realiza con el nuevo modelo de políticas activas plenamente implantado, es el documento de coordinación de las actuaciones que se van a llevar a cabo desde las comunidades autónomas y del Servicio Publico de Empleo Estatal.
En la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anticipó que las comunidades autónomas recibirán 1.414,1 millones de euros en el marco del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2015.
El 60% de los fondos distribuidos atienden al grado de consecución de los objetivos establecidos en 2014, medido con indicadores de consecución de objetivos para Comunidad Autónoma. De esta forma, en 2016 el porcentaje de los fondos condicionados al cumplimiento de objetivos se elevara hasta el 70%.
A esta cantidad se suman otros 128,9 millones de euros dedicados
específicamente para la aplicación de las medidas contenidas en el
Programa de Activación para el Empleo en 2015 que las comunidades
autónomas desarrollan en el ámbito de sus competencias en políticas
activas.
El 40% de estos fondos se distribuirán en función del colectivo de potenciales beneficiarios por comunidad autónoma, mientras que el 60% restante se distribuirá la evaluación de los resultados de inserción de los beneficiarios que se observen entre el 15 de febrero y el 31 de julio de este año.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un crédito extraordinaria de 840 millones para hacer frente a los compromisos de gasto derivados de la puesta en marcha de este programa en 2015 en la parte que es competencia del Estado.
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