“El intrusismo profesional en las instalaciones y mantenimiento de los servicios del metal alcanza al 40 por ciento de la actividad y afecta a más de 2.000 empresas”. Según Vicente Lafuente, presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), el sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana lleva más de 20 años reclamando un mayor control por parte de la Administración para garantizar la seguridad de las instalaciones y de los usuarios.
“Hemos instado por activa y por pasiva a los órganos competentes a que cumplan sus obligaciones como marcan las diferentes normativas vigentes. Pero la respuesta sigue sin ser la deseada ni la esperada”, ha señalado Lafuente en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el alcance del intrusismo en el metal y las medidas para paliarlo.
Lafuente ha incidido en que los principales sectores afectados son las instalaciones y mantenimientos eléctricos, fontanería, climatización y frío, talleres, ascensores, protección de incendios, instalaciones de gas y talleres de reparación de vehículos. Empresas y profesionales que operan de forma autorizada en la Comunitat que forman parte de ASELEC, ASEIF, ACVIRME, ASCENCOVAL, AVICLIMA y FEVAUTO, asociaciones miembro de FEMEVAL.
EL INTRUSISMO PASA FACTURA Y CUESTA VIDAS
Vicente Lafuente ha destacado que el intrusismo profesional sale caro por tres razones de peso. Primero porque pasa factura a las empresas que legalmente desarrollan su actividad por el daño económico y competencia desleal que supone. Segundo por la falta de efectividad de la Administración ante actuaciones irregulares. Y tercero, por los daños irreparables que provoca que pueden traducirse en una menor calidad de vida e incluso costar vidas.
Al respecto ha alertado de los riesgos sobre la salud y seguridad que conlleva como el que el 11% de los incidentes en las viviendas están relacionados con las instalaciones eléctricas o muertes por electrocución; en los aparatos de climatización y frío trastornos de salud como asma, alergias, legionella, infecciones respiratorias, problemas musculares, rinitis, conjuntivitis o faringitis; en el caso de la seguridad vial, una inadecuada reparación aumenta el riesgo de accidentes que pueden causar lesiones, incluso muertes; descolgamientos, atrapamientos o caídas por el hueco entre el ascensor por una mala instalación o mantención; accidentes por explosión de extintores en mal estado; o intoxicación por inhalación de CO2 por fugas de gas o mala combustión de la caldera o calentador.
ESTA ES LA SITUACIÓN POR SUBSECTORES
Por sectores, se ha destacado que en España dos de cada 10 talleres son ilegales. El problema añadido es que aunque se descubren, no es delito, y sólo supone una sanción administrativa y no se cierran. También se produce intrusismo “dentro de la legalidad” en recambistas ilegales, desguaces, compañías de renting, rentacar, grandes flotas, compañías de seguros…
En el mantenimiento de aparatos y sistemas de protección de incendios existe la figura de los piratas, individuos con una furgoneta y pegatinas que se realizan esta labor sin autorización o registro alguno, ni instalaciones apropiadas para hacer recargas o retimbrados. Y lo más grave es que suelen disponer de una empresa habilitada que les da cobertura.
Por otro lado, existe competencia desleal por parte de las grandes superficies, ya que permiten instalar aires sin profesionales, incluso con campañas tipo “instálatelo tú mismo”. En el caso de las instalaciones de gas, las grandes superficies y algunos almacenistas venden aparatos a gas a personas no habilitadas para instalar una caldera o un calentador.
En los ascensores, hay un añadido porque el mantenimiento no lo ve el cliente. Y en las instalaciones eléctricas el usuario está desprotegido porque los intrusos carecen de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles accidentes personales y desperfectos que puedan ocasionarse.
CONSENSO DEL METAL
Para perseguir el intrusismo y conseguir que los profesionales y empresas autorizadas jueguen en la misma liga, FEMEVAL, junto a sus principales asociaciones afectadas, han consensuado un documento de medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal.
Entre ellas, potenciar la labor de inspección, el seguimiento, vigilancia y sanción del mercado para garantizar un entorno sin competencia desleal en el que todos los operadores del mercado actúen bajo las mismas reglas del juego, evitando que se incumplan impunemente las normas en vigor. Otra pasa por buscar fórmulas de colaboración público-privada dado que la propia Administración no tiene capacidad y solicitar mecanismos específicos en sectores en los que va en juego la vida.
Se insta también a elaborar un Plan de Inspecciones en el que se garantice que todas las empresas que hayan presentado una declaración responsable recibirán una visita de comprobación, en el plazo máximo de 30 días desde que registren su declaración responsable e informar a FEMEVAL del resultado de dichas inspecciones.
Las medidas contemplan, por su parte, establecer protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de denuncias sobre competencia desleal, siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, y alcanzar un compromiso de las administraciones públicas para realizar una campaña coordinada de lucha contra el intrusismo y la piratería.
Se pide también que se reconozcan públicamente las buenas prácticas, desenfocando del punto de mira de las inspecciones a las empresas que sí cumplen la normativa y una mayor beligerancia sobre las que las incumplen.
Otra opción sería la generación de tasas por revisión económicas que les conllevarían ingresos a la Administración y generarían empleo, tomando como referencia otras CCAA en las que ya está implantada esta actuación. Así como crear comisiones conjuntas con los representantes de las áreas de las diferentes administraciones tanto del ámbito municipal como autonómicas.
Respecto a la concienciación ciudadana, se aboga por alertar de la peligrosidad de contratar estas actividades ilegales, apelando a la responsabilidad de los proveedores a la hora de suministrar material a trabajadores no habilitados y a la del consumidor final tanto en la instalación como mantenimiento y a la desprotección que les lleva a la hora de reclamar negligencias en sus instalaciones. Y hacer hincapié en la ventaja que supone disponer de una factura con IVA, a la hora de solicitar garantía por un servicio o producto inadecuado.
Por último, se solicita la obligatoriedad de adherirse a un Seguro de Responsabilidad Civil, y se propone diseñar un «sello Femeval» de empresa colaboradora y/o certificada por la federación, que asegure los cumplimientos legales. Además, no bastaría con estar asociada sino haber pasado cierta inspección.
“En cualquier caso, mientras siga existiendo gente que solicite los servicios de los intrusos profesionales seguirá habiendo una actividad ilegal que se alimentará de la economía «oficial. Es una tarea conjunta de los empresarios, los usuarios finales y, sobre todo, de la administración, el combatir coordinadamente este fenómeno económico y social”, ha concluido Vicente Lafuente.
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