El 80% de las medidas que afectan a funcionarios se pueden abordar sin PGE, según UGT

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha puesto de relieve que el 80% de las medidas que reivindican los sindicatos se pueden abordar para mejorar la situación de los empleados públicos sin necesidad de que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha señalado Lacuerda en un encuentro con los medios de comunicación, donde también ha exigido al Gobierno que concrete cuáles son las materias objeto de negociación.

También ha apuntado que España está «en condiciones» de restablecer alguna de las medidas que se abordaron en el ámbito de la función pública durante la crisis y considera «discutible» que el Ejecutivo quiera seleccionar «a su gusto» las medidas para revertir en este ámbito.

«Hay que empezar a negociar todas y cada una de las medidas, teniendo en cuenta que todos los empleados públicos las tienen en consideración», ha puntualizado. No obstante, Lacuerda ha afirmado que el Gobierno «no está en disposición» de abrir una negociación «en condiciones», ya que cree que «más bien pretende adornar la negociación llevando un pequeño paquete de medidas».

«El diálogo va a ser la regla de juego que el Gobierno va a respetar. No se pueden distinguir dos o tres medidas para lavarse las manos cuando hay problemas de muchísimo calado en este sector en nuestro país», ha señalado.

395.000 TRABAJADORES TEMPORALES

Por otro lado, Lacuerda ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy sabe que en España es «insoportable» que haya unos 395.000 trabajadores temporales en las administraciones públicas, según estimaciones del sindicato, y considera que hay que enfrentarse a la sistemática tasa de reposición, «que no tiene sentido» y que ha afectado en su mayoría los interinos y temporales.

«La tasa de reposición es la misma que ha hecho perder al empleo público más de 120.000 empleos», ha insistido Lacuerda, tras recordar que o esta se elimina o este año pueden ser también miles los puestos de trabajo que se pierdan. «Hay que acabar con la tasa de reposición para que no siga aumentando la tasa de empleo público temporal», ha añadido.

En este momento, la temporalidad en las administraciones públicas es del 2% en la Administración Pública Estatal, del 25,5% en las comunidades autónomas del 8,3% en la administración local, del 5% en las universidades, del 21,3% en los docentes no universitarios, del 36,5% en el caso del personal estatutario del SNS y del 23,8% en justicia.

Así, desde UGT piden evitar el abuso de la contratación o nombramientos temporales mediante mecanismos que la limiten y graven y que se traslade el marco legislativo europeo a los empleados públicos.

Lacuerda cree que el Gobierno no está tomando una iniciativa visible, que se tienen que hacer convocatorias, aunque no se sabe que final van a tener mientras que los problemas de los empleados públicos no se reviertan, y que se debería eliminar el techo que establece el estatuto aprobado hace diez años en una disposición transitoria.

Asimismo, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT no se olvidan de las retribuciones. De hecho, creen que estas no se corresponden con «el discurso de superación de la crisis» del Gobierno y temen que si hay prórroga presupuestaria los salarios se queden estancados.

EL TECHO DE GASTO DA 15.000 MILLONES DE MARGEN

Respecto al acuerdo plurianual de salarios que pretende implantar el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, desde FeSP se cree que sería un acuerdo «lógico» si no hubiese tantos motivos de los que «recelar». Además, han señalado que quieren que se recupere el poder adquisitivo de los funcionarios a lo largo de los años y que los salarios se suban más allá del IPC.

Sin embargo, UGT cree que este año no hay presupuestos, «no habrá incremento de los salarios». No obstante, consideran con la aprobación del techo de gasto hay 15.000 millones más de margen para gastar que de lo que habría con unos nuevos Presupuestos.

Además, ha recordado que el Gobierno todavía no ha puesto fecha para la mesa de negociación de las Administraciones Públicas, por lo que cree que «no hay voluntad cierta de cambiar las cosas».